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Las principales firmas de abogados le sugieren a las compañías que tomen medidas de prevención, inspección y de planeación, para afrontar los cambios regulatorios que enmarcarán este año en el ámbito laboral, pensional, tributario y piden no dejar de lado los temas de sostenibilidad e IA.
Angélica Maria Carrión, directora López & Asociados, crédito López & Asociados
Los despidos masivos por ajustes operativos se evitarían con beneficios atados a la productividad y no a la jornada, según Angélica María Carrión Barrero, socia directora de López & Asociados
Aunque la reforma laboral entró en vigencia desde 2025, algunas regulaciones entran en rigor este año; por ejemplo, la reducción de la jornada laboral por semana, que quedará a un máximo de 42 horas y será aplicable desde el 15 de julio de 2026. Esto ha generado un desafío para el sector productivo, sobre todo por el aumento en los costos.
Según Angélica María Carrión Barrero, socia directora de López & Asociados, es importante que este año las empresas revisen temas como las nuevas licencias, contrataciones y los manuales de acoso, con el fin de adaptarse al nuevo Código Sustantivo del Trabajo.
Creo que las empresas han sido muy ágiles en la implementación de los cambios; sin embargo, el mayor desafío es que todos los costos llegaron al mismo tiempo, como el aumento salarial de 23%, la reducción de la jornada, más horas con recargo nocturno y por trabajo dominical. Esto ha dado lugar a que los empleadores acudan a decisiones como la reducción de personal.
El desafío principal para los abogados laboralistas es buscar herramientas legales para conservar la fuente de empleo, usando métodos como jornadas especiales, acuerdo de días de descanso diferentes al domingo y beneficios atados a productividad y no a la jornada.
Desde la expedición de la ley, los empleadores tienen un nuevo régimen de contratos a término fijo que establece que no pueden superar cuatro años.
También contempla la laboralización de los contratos de aprendizaje y reglamenta que, a partir del 25 de junio de 2026, los empleadores con 100 o más trabajadores, obligatoriamente, tendrán que acreditar la contratación de dos personas en condición de discapacidad.
Además, desde la expedición de la ley, las empresas debieron actualizar los procesos disciplinarios internos y protocolos de atención en caso de quejas por acoso sexual. Por último, las compañías deberán actualizar sus reglamentos de trabajo en relación con los procesos disciplinarios según los ajustes que trae la ley. El plazo máximo para efectuarlos es hasta el 25 de junio de este año.
Dos sugerencias prácticas: que realicen prontamente el chequeo de cumplimiento por debida diligencia para confirmar que están acatando estas modificaciones, las cuales deben acreditar; y realizar capacitaciones a los trabajadores para entender los cambios.
Hemos visto impactos muy significativos en los costos y estructuras del sector vigilancia, BPO, turismo, restaurantes y hotelería, donde la mano de obra es el costo principal.
La reforma hizo cambios que en Colombia se contemplaban en regímenes anteriores, y que pretendían proteger aún más a los trabajadores. No obstante, Carrión aseguró que el sistema actual no está impulsando la empleabilidad o reduciendo la informalidad. “Consideramos que al convertir el contrato de aprendizaje en contrato laboral, con derecho a reconocimiento de salario, en algunos casos de contratos de aprendiz en etapa práctica o formación dual, puede ser más costoso para algunas empresas”, agregó.
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