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El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, actualizó el Marco Fiscal de Mediano Plazo y anunció una propuesta de reforma tributaria que llevará el nombre de pacto fiscal
Puntos claves de la nueva reforma tributaria
También se revisarían impuestos a carbono, juegos de azar en línea; se estudiarían nuevos gravámenes para iglesias y contaminantes
En el marco de la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, aseguró que el Gobierno alista una nueva reforma tributaria, que se presentaría a finales de julio en el Congreso y que recaudaría $19,6 billones en su meta mínima y $25,4 como techo de sus proyecciones.
Aunque aún no se ha hecho público el proyecto de reforma, en la presentación del Mfmp se detalló que la nueva tributaria ajustaría la estructura tarifaria del Impuesto al Valor Agregado, IVA, se revisarían los impuestos al carbono, a los juegos de azar en línea y se estudiarían nuevos gravámenes para las iglesias y al carbón y petróleo por medio de un impuesto especial.
Carlos Emilio Betancourt, viceministro general de Hacienda, dijo sobre la revisión de la estructura tarifaria del IVA que obedece a una intención de reducir el gasto tributario.
“Tras la activación de la cláusula de escape por tres años y a partir de la vigencia actual (2025), se debe reducir el gasto tarifario, que hoy está en el orden de $135 billones, 8,5 puntos porcentuales del PIB. De ellos, 65% está asociada al IVA ($89 billones)”, dijo Betancourt.
En este sentido, señaló que revisar las exenciones del IVA abrirían un campo de ampliación del recaudo en tanto que están vigentes algunas tarifas, como la del 5% para alimentos y medicamentos y los servicios educativos y exportaciones no asumen este impuesto, y sugirió que se podría revisar la estructura tarifaria, que sería diversificada y no afectaría el consumo “de los deciles inferiores del ingreso”.
En cuanto al impuesto sobre la renta, Betancourt detalló que las exenciones por este tributo representan 1,3 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a $22 billones para personas jurídicas y $26 billones para personas naturales, por lo que sería posible una revisión de una o dos tarifas marginales con el fin de “aumentar la progresividad del tributo”.
Otra de las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda implica la revisión al impuesto al consumo, que es un tributo que asume el consumidor final al adquirir ciertos bienes y servicios como los vehículos automotores (8% o 16% dependiendo del precio, el tamaño o el cilindraje) y la navegación y llamadas en teléfonos móviles (4%).
El viceministro general sugirió que el ‘impoconsumo’ debería acercarse a la estructura tarifaria del IVA (de 19% como regla general en la actualidad). Así mismo, los gravámenes a los juegos de azar en línea y los impuestos especiales al carbón y petróleo se mantendrían.
Carlos Betancourt detalló que el proyecto de reforma tributaria incluirá impuesto a contaminantes como los plaguicidas, vapeadores, ruido, entre otros. “Son estrategias de recaudo efectivas a mediano plazo y, a la larga, buscan reducir externalidades negativas como los efectos en la salud”, explicó Betancourt, quien dijo que también lucharán por frenar la evasión tributaria.
Dos de las últimas decisiones del Gobierno para financiarse provinieron del recaudo a actividades extractivas, juegos de azar en línea y el impuesto al timbre en el marco de la conmoción interior decretada en febrero ante la escalada de violencia entre las disidencias de las Farc y el ELN, en la región de Catatumbo, junto con el anuncio del adelanto en el cobro de la retención en la fuente.

Sobre la primera, se esperaba que cada uno de los rubros recogiera $1,2 billones, $1,3 billones y $500.000 millones en los 90 días de la conmoción interior, pero entre febrero y marzo solo alcanzó a recoger $108.933 millones.
En cuanto a la segunda, fue la primera gran decisión de Germán Ávila, para que el Estado obtuviera más recursos. La cartera impuso tarifas a actividades económicas, para hacerlas más gravosas y recaudar, según estimaciones de Anif, Corficolombiana y Fedesarrollo, entre $6 billones, $7 billones y $13 billones, respectivamente.
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