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Conozca las propuestas económicas dentro del plan de gobierno de los candidatos a segunda vuelta y los retos para la economía a 2030
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El candidato del Pacto Histórico promueve ampliar el rol el Estado para atacar la desigualdad por medio del apoyo a la microempresa, a la producción nacional y a la economía popular
A días de que los colombianos vayan a las urnas para definir quién sucederá a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, la evaluación que se puede hacer de las campañas presidenciales es que estas se han caracterizado por la ausencia de debates en los que los ciudadanos pudieran conocer y comparar a detalle cuál es la propuesta de cada uno, más allá de la ola de desinformación propagada por redes sociales, hecho que ha estado sustentado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
Por esto, es esencial exponer las propuestas concretas sobre los temas económicos fundamentales para estimular la inversión y dinamizar el crecimiento. El domingo no solo se definirá una forma de gobernar, sino dos modelos económicos para los próximos cuatro años.
En el caso de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, su propuesta se orienta a continuar el camino que dejó trazado Petro y como eje central, promete ampliar el rol del Estado “para atacar la desigualdad” por medio del apoyo a la microempresa, a la producción nacional y a la economía popular”.
Inicialmente, las propuestas de Cepeda estaban condensadas en el programa de gobierno de 433 páginas ‘El poder de la verdad’, el cual recopilaba discursos del candidato centrados en la idea de que las “transformaciones profundas que necesita el país solo pueden comprenderse y desarrollarse como verdaderas revoluciones democráticas.
Una revolución ética, que enfrente la corrupción y reconstruya la moral pública; una revolución social, que supere la pobreza y garantice derechos; una revolución territorial, que reconozca la riqueza humana y natural de los territorios; y una revolución política y democrática, que amplíe la participación ciudadana y fortalezca el poder del pueblo”.
Pero de cara a la segunda vuelta, el candidato presentó otro documento más resumido y con algunos cambios, se trata de ‘Tres revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Bases programáticas de Gobierno Iván Cepeda Castro, presidente 2026-2030’.
A lo largo de 118 páginas explica la revolución ética, social y económica, y la política. Uno de los principales cambios presentados está la eliminación de cualquier referencia a una asamblea constituyente o a un poder constituyente, aunque se insiste en una “invitación a construir un gran acuerdo nacional, plural y amplio” para impulsar las distintas reformas.
Sobre el tercer punto, se encuentran propuestas como eliminar el Consejo Nacional Electoral, CNE, con el fin de crear “una corte electoral autónoma e independiente, encargada de las funciones jurisdiccionales y electorales hoy dispersas entre distintas entidades” y reformar el código electoral que “garantizaría mayores capacidades técnicas y humanas, así como el acceso público, auditable y soberano a los sistemas tecnológicos utilizados en biometría, preconteo y escrutinio, permitiendo la veeduría y auditoría por parte de partidos políticos y misiones electorales”.
También propone acabar con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para sustituirla por una Comisión de Juristas independiente encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado. En lo económico, el plan de gobierno no hace referencia directa al Banco de la República, propone fortalecer la banca pública para financiar sectores estratégicos, reducir gradualmente el déficit fiscal sin afectar el gasto social. A continuación, las propuestas económicas de forma detallada.
En el nuevo programa no se establece una meta para el crecimiento del PIB, pero propone un modelo económico que promueva un “aumento sostenido de la inversión, la productividad y el crecimiento económico”. El objetivo es que la producción nacional abastezca la demanda interna, generando un ciclo de crecimiento inclusivo que no dependa exclusivamente de la exportación de materias primas extractivas.
Su tesis es que reducir la pobreza no riñe con el crecimiento; sino que un mayor bienestar social fortalece la demanda interna, lo que estimula la producción nacional. Propone una transición desde el asistencialismo de subsidios temporales hacia una redistribución estructural de la riqueza. Se fundamenta en la Revolución Agraria para ser una despensa agroalimentaria potenciando la economía campesina y popular. Propone un capitalismo productivo, democratizar el acceso al crédito mediante el empoderamiento de las organizaciones comunitarias.
El plan propone reducir progresivamente el déficit fiscal a través de una combinación de mayor recaudo efectivo, menores costos de financiamiento y ahorros derivados de la lucha contra la macrocorrupción. Se enfatiza que este ajuste fiscal se hará con criterios de justicia social, garantizando que no recaiga sobre las poblaciones más vulnerables ni afecte la inversión productiva. Igualmente, promete reducir el salario del Jefe de Estado y de los altos funcionarios, eliminar los viáticos suntuosos y cualquier forma de privilegio u ostentación en el ejercicio del poder.
En su plan de gobierno, indicó que defenderán la austeridad republicana, “aquella que reduce los gastos suntuarios del gobierno, los altos salarios, los privilegios indebidos para destinarlos al bienestar del pueblo”. Aseguró que dictará medidas con el fin de controlar los gastos de funcionamiento y orientar “que cada peso sea para el bienestar del pueblo”.
Aunque no utiliza directamente la palabra “inflación”, el documento aborda el costo de vida desde dos frentes. Por un lado, propone mantener incrementos reales del salario mínimo que estén vinculados tanto a la productividad como al costo de vida. Por otro lado, planea reducir el costo de la canasta básica fortaleciendo la producción agroalimentaria nacional, creando una Alianza Nacional Alimentaria y disminuyendo la importación de alimentos.
Esta entidad de carácter público-privado-popular se encargará de conectar directamente la producción campesina con el consumo nacional, eliminando intermediarios abusivos que encarecen los productos, asegurando precios justos tanto para el productor como para el consumidor”. Al no depender del exterior para el abastecimiento de productos básicos, se busca proteger a la economía nacional de la volatilidad de los precios internacionales y estabilizar el costo de los alimentos.
Se plantea la necesidad de un “Pacto Fiscal” que incluya una revisión a fondo del estatuto tributario para poner fin a los privilegios. Esto implica eliminar exenciones sin justificación y aumentar la tributación efectiva sobre altas rentas y grandes patrimonios. También se propone fortalecer tecnológicamente a la Dian para luchar contra la evasión y elusión. En paralelo a este control para los grandes evasores, se simplificará el proceso tributario para las Pyme y las economías populares, reduciendo los costos de cumplimiento y facilitando su formalización en el sistema económico.
Se implementará un nuevo régimen de fiscalidad digital que garantice que las grandes plataformas globales que operan en el país paguen impuestos de manera proporcional. En el ámbito corporativo y extractivo, se revisará el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para asegurar que la riqueza del subsuelo beneficie a toda la población de manera equitativa.
El plan busca consolidar una protección social inclusiva ampliando el programa Colombia Mayor aumentando en un millón el número de beneficiarios para llegar a 4,2 millones de adultos mayores que viven en pobreza, manteniendo y fortaleciendo el bono pensional de $230.00 mensuales. Además, propone reformar los esquemas de cotización para que los trabajadores de la economía popular puedan acceder a pensiones, e incluye una medida para reducir el aporte a salud de los pensionados a 4%.
Considera que desmontar la Reforma Pensional sería un retroceso social. Apunta a fortalecer Colpensiones, ampliar la cobertura para trabajadores informales, que más personas puedan acceder a ingresos en la vejez aunque no hayan tenido una vida laboral formal. Reconocer el trabajo de cuidado, especialmente de mujeres cuidadoras, proporcionarles acceso a derechos de seguridad social y mecanismos de protección social.
Establece que “Ecopetrol no será privatizada. Por el contrario, se defenderá como patrimonio público fundamental y será protegida contra cualquier intento de corrupción o iniciativas que busquen su debilitamiento institucional”. La consolidará como el eje de la transición energética; será multienergética y mantendrá su base de hidrocarburos mientras avanza hacia energías limpias como la solar y la eólica. Prima la prohibición del fracking y la exploración y explotación en yacimientos no convencionales, las califica como “prácticas que arrasan con el agua, que fracturan el suelo y el subsuelo, que son poco rentables y que envenenan nuestros territorios”.
El objetivo macro es reducir gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles. Busca garantizar el abastecimiento energético nacional, promover el uso responsable de los recursos y consolidar la soberanía frente a la dependencia histórica de los combustibles fósiles. Adicional, promoverá la petroquímica para la producción de fertilizantes.
No menciona la palabra “dólar”, ni establece metas directas sobre la tasa de cambio o políticas macroeconómicas sobre la divisa; pero aborda el flujo de divisas extranjeras a través de su política productiva y comercial. Para la generación y el ingreso de divisas al país, el plan propone consolidar el turismo sostenible como una de las principales fuentes de ingresos internacionales para la economía nacional.
Al potenciar la marca país “Colombia, el país de la belleza”, busca atraer visitantes y generar un flujo de capital que supere los ingresos de divisas que han provenido del extractivismo. Indica que al reactivar cadenas productivas nacionales y generar valor agregado interno, el país disminuiría su necesidad de comprar en el exterior, mitigando la salida de moneda extranjera. “Al depender menos de los mercados internacionales, se protege la soberanía productiva frente a la volatilidad de los precios globales y los choques externos de la moneda”.
Destaca “la reducción histórica del desempleo lograda en el actual gobierno (a 8,8%) y busca consolidar la creación de empleo formal y digno como política de Estado”. Propone generar puestos de trabajo a gran escala a través de una política industrial ambiciosa, la Revolución Agraria, proyectos de infraestructura, la transición energética y formalizar a más de la mitad de la fuerza laboral a través de programas de Empleabilidad Digital, fortalecimiento de cooperativas y la articulación con el Sena, “se capacitará a jóvenes, mujeres y campesinos para que puedan insertarse en empleos de calidad sin precarización”.
Propone que se generen más oportunidades laborales a partir de la bioeconomía, impulsando industrias como la farmacéutica natural, la cosmética y nuevos materiales a partir de la biodiversidad nacional; el turismo sostenible, y una economía digital que actúe como palanca para dinamizar la productividad de la agricultura, el comercio y la pequeña industria.
El programa dice que Colombia “enfrenta un problema fiscal estructural, heredando una deuda pública neta que pasó de 33% a 60% del PIB en tan solo una década”, lo identifica como un gran problema ya que el servicio de esta deuda supera el gasto estatal destinado a inversión y educación. Propone una estabilización de la deuda pública que sea gradual, creíble y que aplique estrictos criterios de justicia social.
La estrategia consiste en reducir progresivamente el déficit fiscal combinando un mayor recaudo tributario efectivo, menores costos de financiamiento internacional y los ahorros generados por la lucha contra la macrocorrupción. Enfatiza que este ajuste fiscal y el manejo de la deuda no recaerán sobre las poblaciones más vulnerables. Por el contrario, la política de saneamiento garantizará que se preserve el espacio fiscal necesario para proteger el gasto social, la inversión productiva y el apoyo a las economías populares.
No menciona las políticas de tasas de interés macroeconómicas fijadas por el Banco de la República, detalla una estrategia de acceso al crédito barato y subsidiado para democratizar el financiamiento. Propone una reforma a la banca pública respaldada por el Estado para que actúe diferente a la banca comercial. El objetivo es asumir mayores riesgos y redirigir los flujos de crédito hacia sectores estratégicos y a la economía popular.
A través del Grupo Bicentenario (Bancóldex, FNA, Finagro, Banco Agrario y Findeter), crearán instrumentos de crédito con enfoque territorial y social. Incluye créditos con intereses y condiciones orientadas a la agroindustria campesina, el emprendimiento y crédito asociativo. “La democratización del crédito busca ofrecer productos para que mujeres, jóvenes rurales y comunidades étnicas puedan acceder a financiamiento en condiciones dignas”. La meta es eliminar las barreras con un sistema flexible que fortalezca a 200.000 microempresas familiares.
Propone una reforma estructural hacia un sistema de salud mixto, universal, preventivo y resolutivo, basado en la Atención Primaria en Salud mediante Centros de Atención Primaria. Para respaldar esto, “se consolidará una red hospitalaria pública fuerte y moderna, la cual será financiada mediante el giro directo y transparente de los recursos, asegurando que cada peso llegue efectivamente a los hospitales y clínicas”.
Se busca que el Estado recupere la rectoría, garantice el giro directo de recursos a los hospitales para eliminar la intermediación financiera. Además, propone realizar un estudio actuarial técnico e independiente sobre el valor de la Unidad de Pago por Capitación. Establece un plan de choque para los primeros 100 días de mandato para la compra y distribución de medicamentos con el apoyo de la industria. Propone dignificar el trabajo del personal médico creando un Estatuto Único del Talento Humano en Salud que supere la tercerización laboral y promueva empleos estables.
Impulsa una política de “Seguridad Humana Integral” en la que el éxito no se medirá por el número de bajas o capturas, sino por la reducción de las violencias y la protección de la población civil. Busca combatir delitos urbanos y rurales como el hurto, la extorsión, el secuestro y el homicidio fortaleciendo la inteligencia y tecnología de la Fuerza Pública, desmantelando las finanzas criminales y aplicando una reforma al sistema penitenciario enfocada en la resocialización con procesos basados en el trabajo, la formación técnica y la justicia restaurativa para recuperar el control penitenciario y evitar que el crimen opere desde su interior.
Habla de “consolidar y ampliar experiencias como Caminos Comunitarios para la Paz Total”, insistiendo además en una “paz integral” donde se seguirán convocando a grupos armados para mantener los diálogos que se buscaron desde el gobierno Petro para “dejar las armas y lograr una transformación pacífica”.
El presidente que llegue a la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto deberá lidiar con un crecimiento moderado del PIB y una deuda con tasas elevadas
El candidato apuesta por un modelo económico promercado, de bajo intervencionismo estatal y una menor carga tributaria a las empresas
Aunque representan visiones políticas opuestas, el próximo gobierno deberá enfrentar una exigente agenda económica para atender los desafíos que deja la actual administración
