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Conozca las propuestas económicas dentro del plan de gobierno de los candidatos a segunda vuelta y los retos para la economía a 2030
Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda irán a la segunda vuelta presidencial
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Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el candidato que llegue a la presidencia deberá afrontar un déficit fiscal que se mantiene por encima de 6% del PIB
El cierre del Gobierno Petro, en materia macroeconómica y fiscal, llega marcado por las presiones derivadas de la diferencia entre los ingresos y el gasto del Estado, y por un modelo de crecimiento basado en el gasto público y el consumo.
Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el candidato que llegue a la presidencia deberá afrontar un déficit fiscal que se mantiene por encima de 6% del PIB, presiones en el manejo de la deuda y la aceleración de la inflación que, tras el ajuste del salario mínimo de 2026, provocó el desanclaje de la expectativa del banco central de llevar el costo de vida a 3% en el corto plazo.
El candidato del movimiento Defensores de la Patria le apuesta por un modelo económico abiertamente pro-mercado, con una apuesta fuerte por la reducción del gasto público, una política menos intervencionista en cuanto a los gravámenes a las empresas y una reorganización del mapa de tributación actual.
Entre las propuestas más sonadas para cumplir con la meta está el cumplimiento de la regla fiscal (que fue suspendida en 2025 por tres años), el fortalecimiento del rol del Comité Autónomo de la Regla Fiscal para controlar el ritmo de gasto del Ejecutivo y retomar los proyectos de yacimientos no convencionales, fracking, como medida para fortalecer los ingresos petroleros. En atención al manejo de la deuda, De la Espriella apuntó a su refinanciamiento a través de nuevos plazos luego de la estrategia del gobierno saliente de colocación masiva de deuda a tasas por arriba de 12%.
En materia de gasto público, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana detalló que “la aproximación del candidato combina una narrativa de eficiencia estatal y reducción del aparato burocrático con propuestas de expansión sectorial en salud, sistema penitenciario, cuidado, emprendimiento femenino e incentivos a la inversión privada”. Sin embargo, detallaron que cristalizar estas acciones implican subsidios implícitos de largo plazo (como créditos subsidiados o incentivos tributarios) que podrían generar presiones fiscales acumulativas en un contexto de restricción presupuestal.
El candidato propuso una simplificación del estatuto tributario como una medida para atraer nueva inversión extranjera y “aliviar el bienestar de los hogares”. De La Espriella también señaló que buscará modernizar la Dian con inteligencia artificial. Esto se haría con el objetivo de reducir la evasión de impuestos, además de modificar y simplificar la estructura tributaria para incentivar la inversión privada.
Su formula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, también sugirió la posibilidad de eliminar el impuesto saludable al considerar que condiciona los hábitos de consumo de los colombianos y no tiene un componente verdadero de cuidado a la salud.
Los recursos de este tributo estaban contemplados, en el gobierno saliente, para financiar la reforma a la salud.
En el caso de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, su propuesta está orientada a continuar el camino que dejó trazado Petro y como eje central, promete ampliar el rol del Estado “para atacar la desigualdad” por medio del apoyo a la microempresa, a la producción nacional y a la economía popular”.
En materia de déficit fiscal, propuso reducir progresivamente el déficit fiscal a través de una combinación de mayor recaudo efectivo, menores costos de financiamiento y ahorros derivados de la lucha contra la macrocorrupción. Enfatizó que este ajuste fiscal se haría con criterios de justicia social y garantizando que no recaiga sobre las poblaciones más vulnerables ni afecte la inversión productiva.
Igualmente, prometió reducir el salario presidencial y de los altos funcionarios, eliminar los viáticos suntuosos y cualquier forma de privilegio u ostentación en el ejercicio del poder.
En materia tributaria, plantearon la necesidad de un “Pacto Fiscal” que incluya una revisión a fondo del estatuto tributario para poner fin a los privilegios. Esto implicaría eliminar exenciones sin justificación y aumentar la tributación efectiva sobre altas rentas y grandes patrimonios. En paralelo al control para los grandes evasores, se simplificaría el proceso tributario para las Pyme y las economías populares, reduciendo los costos de cumplimiento y facilitando su formalización dentro del sistema económico.
En cuanto a la atención de la deuda externa, propuso una estrategia que contempla reducir progresivamente el déficit fiscal, combinando un mayor recaudo tributario efectivo, menores costos de financiamiento internacional y los ahorros generados por la lucha contra la macrocorrupción.
Este ajuste fiscal y el manejo de la deuda no recaerían sobre las poblaciones más vulnerables sino que la política de saneamiento garantizaría que se preserve el espacio fiscal necesario para proteger el gasto social, la inversión productiva y el apoyo a las economías populares.
En materia de mercado laboral, propuso que se generen más oportunidades a partir de la bioeconomía e impulsando industrias como la farmacéutica natural, la cosmética y nuevos materiales a partir de la biodiversidad nacional, el turismo sostenible, y una economía digital que apalanque la dinamización de la agricultura, el comercio y la pequeña industria.
Del sistema pensional, ajustaría los esquemas de cotización para ampliar la base de personas que se pensionarían.
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