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MinTransporte activa monitoreo nacional para garantizar movilidad en jornada electoral
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Se autorizó que los vehículos tipo taxi puedan realizar desplazamientos intermunicipales sin la exigencia de la planilla de viaje ocasional
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, puso en marcha un esquema de monitoreo y seguimiento a nivel nacional con el objetivo de asegurar la continuidad y normal operación de los servicios de movilidad durante la jornada de la segunda vuelta presidencial. La estrategia busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los distintos puestos de votación en todo el territorio.
La medida se implementa en cumplimiento del Decreto 0612 de 2026 y contempla la supervisión permanente de los diferentes modos de transporte, incluyendo el terrestre, fluvial, intermunicipal y los sistemas masivos. Para ello, se han dispuesto equipos de seguimiento en varias regiones del país, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, así como con la Superintendencia de Transporte.
Según el Ministerio, el propósito de este despliegue es verificar la operación de rutas, atender posibles novedades en tiempo real y garantizar la continuidad del servicio durante toda la jornada electoral. La entidad también reiteró el llamado a gobernadores, alcaldes, autoridades locales y empresas transportadoras para asegurar la disponibilidad total de la capacidad operativa del sistema de transporte.
Como parte de las disposiciones excepcionales adoptadas para esta jornada, se autorizó que los vehículos tipo taxi puedan realizar desplazamientos intermunicipales sin la exigencia de la planilla de viaje ocasional. Con esta medida se busca ampliar las alternativas de movilidad y reducir restricciones que puedan afectar la participación ciudadana en los comicios.
El Gobierno Nacional señaló que estas acciones incluyen además labores de inspección, vigilancia y control sobre los actores del sistema de transporte, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en procesos administrativos y sanciones establecidas por la ley.
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