Los gremios ven inviabilidad en el impuesto al patrimonio por afectación empresarial

Los gremios más importantes del país han alertado sobre la inviabilidad del impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Fenalco, AmCham, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, y Andesco aseguran que el plan de recaudo afectaría la sostenibilidad de las empresas.

Además, las 1.000 compañías más grandes del país podrían asumir un costo fiscal de hasta $9,9 billones. En el sector de los hidrocarburos, por ejemplo, el impuesto representaría un valor equivalente a 50% de la inversión en exploración prevista para 2025.

Un golpe a los hidrocarburos

Frank Pearl, presidente de la ACP, aseguró que el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, particularmente con una tarifa diferencial de 1,6% para el sector minero-energético, más de tres veces superior a la de otros sectores, es un desincentivo para la actividad de exploración y producción. Esto ocurre, dijo, en un sector que ya enfrenta una de las cargas tributarias más altas entre las actividades económicas.

Pearl explicó que, a diferencia del impuesto de renta, que grava las utilidades, el impuesto al patrimonio se aplica sobre los activos acumulados, sin importar los resultados financieros de las empresas.

“En la práctica, esto implica que las compañías deben pagar incluso cuando no hay utilidades, lo que afecta directamente la liquidez destinada a inversión, mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos”, explicó.

El dirigente gremial afirmó que las cuentas del Gobierno no están considerando que un alza en los precios del petróleo incrementará los ingresos fiscales del país. Con un precio promedio anual del brent cercano a US$90 o US$100 por barril, los aportes del sector petrolero se ubicarían entre $35 y $40 billones en el año, si se tienen en cuenta impuestos de renta, regalías, derechos económicos y otros tributos.

“Esto demuestra que el esquema fiscal del sector ya está diseñado para que, cuando los precios suben, los ingresos para el país también aumenten de manera significativa. Es decir, en escenarios de precios altos, la industria contribuye automáticamente con mayores recursos para las finanzas públicas, en montos que pueden ser superiores a los que busca el Gobierno con este impuesto”, dijo el directivo.

Gremios critican la medida

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo que, si bien el país necesita actuar rápidamente y con unión frente a la emergencia, primero se deben agotar los recursos de los contribuyentes.

“Plata hay; lo que falta es austeridad, priorización del gasto y buen uso, con metas, trazabilidad y auditoría”, afirmó la dirigente gremial. Lacouture agregó que el impuesto podría afectar empleos, salarios, compras a proveedores e inversión. “Dicho de forma sencilla: es como cortar ramas sanas para apagar un incendio. Puede servir un día, pero el árbol queda débil y después deja de dar frutos”, reflexionó.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que se trata de una movida tributaria “muy peligrosa”, pues se suma a otros retos que enfrenta el país, como el incremento del salario mínimo, los cambios introducidos por la reforma anterior y las modificaciones laborales. “Es importante tener en cuenta, por ejemplo, lo que se ha hecho con los incrementos aplicados a las hidráulicas. Todo esto, al final, empieza a poner en riesgo la suficiencia financiera de las empresas”, agregó.

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Fenalco, también fue crítico con la medida y aseguró que fue “apresurada” y “carece de sustento técnico”. A su juicio, fijar tarifas confiscatorias para los sectores minero y financiero es inviable para las empresas.

“Fijarle una tasa de 0,5% al resto de empresas con patrimonios superiores a $10.400 millones es un torpedo a las condiciones para que las firmas sigan creciendo y generando empleo”, explicó.