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Existen desafíos de inversión, planeación y confiabilidad en energía eléctrica y gas
Colombia atraviesa una coyuntura energética crítica marcada por riesgos estructurales tanto en gas natural como en energía eléctrica. En materia de gas, el país perdió su autosuficiencia: la producción nacional cayó y las importaciones pasaron de ser un respaldo excepcional a convertirse en un componente estructural del suministro, con costos significativamente superiores para usuarios residenciales e industriales. La probabilidad de déficit mensual de gas podría ser significativa en 2026 y tendería a incrementarse en 2027. En el frente eléctrico, la nueva capacidad de generación presenta un rezago que incrementa la vulnerabilidad del sistema ante fenómenos como El Niño, donde la energía firme disponible resulta menor a la demanda.
La preparación del país sigue siendo insuficiente. Aunque existían alertas tempranas reflejadas en instrumentos de planeación como el Plan de Abastecimiento de Gas Natural de la Upme, no se adoptaron las medidas de política pública necesarias para mitigar los impactos. La terminal de regasificación Spec en Cartagena ha sido fundamental para evitar racionamientos, pero su capacidad está comprometida para respaldar al sector eléctrico.
Desde el punto de vista regulatorio, se requieren ajustes concretos. En energía eléctrica, es necesario fortalecer los tiempos de respuesta en solicitudes de conexión con consecuencias efectivas ante incumplimientos, y articular los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa para reducir retrasos que afectan proyectos de generación y transmisión -actualmente, un proyecto de energía renovable puede tardar más de cinco años en entrar en operación-. En gas natural, la regulación de importación resulta poco flexible al asimilar al comercializador de gas importado a la figura del productor nacional, lo que introduce barreras de entrada y limita la estructuración de infraestructuras de regasificación para aumentar la demanda de gas natural en el país. Es imperativo flexibilizar este marco para permitir que diversos agentes importen gas sin asumir riesgos deriva dos de estructuras contractuales externas propias de mercados internacionales.
La experiencia reciente confirma que Colombia no puede depender de una sola fuente de importación. Es indispensable avanzar en nuevos proyectos de regasificación, desarrollar infraestructura que conecten la Costa Caribe y el interior, y PPU fortalecer la producción nacional.
Las áreas jurídicas de las empresas deben asumir un rol estratégico y no mera mente reactivo. Esto implica tres tareas concretas: primera, evaluar el energético más adecuado para cada operación y diseñar estructuras con redundancias operativas; segunda, revisar contratos de suministro, transporte, EPC y financiación en cláusulas críticas como disponibilidad, fuerza mayor, cambio en ley y mecanismos de solución de controversias; y tercera, gestionar el riesgo energético involucrándose activamente en el financiamiento y desarrollo de los proyectos que servirán como fuente de suministro. Las empresas mejor preparadas serán las que integren regulación, contratación, comunidades y estrategia energética en una sola matriz de riesgo.
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