No podemos desperdiciar el bono demográfico

Es cierto, Colombia registró el nivel más bajo de nacimientos en su historia reciente. Hoy las mujeres tienen en promedio 1,1 hijos, cuando en 1986 tenían 3,2. Esto no es solo una cifra más, refleja un cambio de época, una transición demográfica ligada a más educación, mayor control de las mujeres sobre el uso y acceso de anticonceptivos modernos, evolución socioeconómica, más participación laboral femenina, menos embarazos adolescentes y una maternidad que se posterga hacia edades mayores, aunque también significa menor crecimiento de la población colombiana en el futuro.

Esta nueva realidad abre una ventana de oportunidades y retos para redireccionar y fortalecer las políticas públicas. Alemania, por ejemplo, respondió al cambio con una jubilación flexible que combina trabajo parcial y pensión parcial, con programas de capacitación financiados para que más personas mayores permanezcan activas; Japón, desde hace más de dos décadas, estableció un seguro público de cuidados de largo plazo para enfrentar la escasez de cuidadores familiares; Uruguay adoptó ese modelo en 2015, y Canadá, año tras año, ajusta sus niveles de inmigración para compensar la baja fecundidad y sostener su población en edad productiva.

En Colombia, la caída por décadas nos ubica en este momento en el llamado bono demográfico, una etapa en la que hay más personas en edad de trabajar (15 a 64 años) que dependientes económicos; en 2024 esta población representó 67,3% y en 2025 alcanzará 67,5%, consolidando esta ventana de oportunidad que, si se aprovecha con políticas que impulsen productividad, innovación, educación de calidad y empleo formal, seremos testigos de un crecimiento económico nunca antes visto, además que sentaremos las bases para enfrentar el inevitable envejecimiento de la población.

Desperdiciarlo sería quitarnos la oportunidad de capitalizar sus beneficios económicos y sociales, un menor dinamismo económico, una menor generación de empleo formal, una baja productividad, y una presión creciente sobre los sistemas de pensiones y salud, lo que generará mayores retos fiscales y sociales.

La migración, al igual que el bono demográfico, prolonga este período porque rejuvenece la población, renueva la fuerza laboral, dinamiza la economía y aporta diversidad cultural. Si estos nuevos trabajadores acceden a empleos formales y con mejores niveles de ingresos, el beneficio será mayor y la migración se convertirá en un complemento valioso frente al déficit en el reemplazo generacional.

Hoy las proyecciones del Dane confirman que esta caída de la natalidad no es coyuntural, sino una tendencia que se mantendrá en los próximos años. Hay escenarios que indican que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) continuará descendiendo, o al menos permanecerá en niveles muy bajos durante las próximas décadas.

Esto nos obliga a prepararnos: invertir en capital humano, generar empleo digno, cerrar brechas de empleabilidad entre hombres, mujeres y personas mayores, anticipar la escasez de cuidadores, asegurar pensiones sostenibles, promover la formación a lo largo de la vida y diseñar una política migratoria que sume talento. Si no se avanza en estas reformas, el bono demográfico se convertirá en una carga con más dependencia, menor competitividad y mayor desigualdad; pero si se aprovecha, la demografía será una palanca de crecimiento y equidad.

Y todo esto es urgente, pues hacia 2035 habrá más personas mayores de 80 años que bebés de un año en el mundo, una señal inequívoca de lo que será la nueva estructura etaria que debemos anticipar con políticas públicas intergeneracionales.