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El mandatario prometió hacer públicas las agendas de los funcionarios y dijo que solicitará a los congresistas seguir este lineamiento
El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya tiene una agenda bastante apretada para sus primeros 100 días de Gobierno.
La recién posesionada administración priorizó una serie de acciones clave, y muchas de ellas se adelantarán en el Congreso durante los próximos meses. El equipo de empalme de Petro ya había adelantado algunas propuestas en diferentes sectores.
La primera de ellas es en materia de salud. El nuevo Gobierno prometió tomar decisiones sobre las EPS que incumplan los indicadores financieros y la recuperación financiera de hospitales y clínicas.
También implementará un modelo que denomina “preventivo y predictivo”, soportado en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) y en las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud.
Además, iniciará un plan de compras centralizadas de medicamentos de alto impacto e intervendrá en los problemas de salud pública priorizados, como la mortalidad materna e infantil, así como la desnutrición.
En materia de anticorrupción, el nuevo Gobierno pretende establecer una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia, con la intermediación de las Naciones Unidas.
El gobierno Petro prometió hacer públicas las agendas de los altos funcionarios y dijo que solicitará a los congresistas de la bancada de gobierno que sigan este lineamiento. Además, dice que las agendas deben estar disponibles para la consulta ciudadana. También realizará un “inventario de lobistas”.
En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, el presidente entrante quiere lanzar un proceso participativo en el que los ciudadanos, grupos sociales, entidades, funcionarios y otras personas brinden insumos para determinar las medidas, mecanismos y metodologías en la elaboración y desarrollo del PND.
En ambiente, se propone adoptar las medidas administrativas necesarias para suspender los pilotos y proyectos de fracking en Colombia. También, buscará impulsar el Acuerdo de Escazú y hacer un acto simbólico de su sanción presidencial.
Para la educación se plantea revisar la propuesta de ampliar la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas del Sistema Universitario Estatal (SUE) y fortalecerlas.
En minas y energía, el nuevo Gobierno declarará una moratoria minera para revisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y económicas de los actuales concesionarios que explotan los recursos mineros.
También buscará establecer el potencial del país en materia de minerales estratégicos para la transición energética, y la búsqueda de mecanismos que permitan su explotación y uso en la industria local. Además, revisará los acuerdos de coordinación y concurrencia suscritos por la Agencia Nacional Minera con los alcaldes; y diseñará un nuevo modelo minero que vaya en línea con las prohibiciones y restricciones ambientales y los esquemas de ordenamiento territorial.
En el agro, el Ministerio de Agricultura y la Cancillería enviarán una comunicación conjunta al Sistema de Naciones Unidas para adoptar la Declaración de los Derechos del campesinado.
Otra de las acciones es la reglamentación de la Ley 2.183 de 2022 para la adopción de la Política nacional de fertilizantes, con un especial énfasis en los productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
En justicia, el nuevo presidente se comprometió a diseñar una estrategia para dejar en libertad a las personas detenidas en el marco de las protestas sociales de 2021.
Finalmente, el Gobierno entrante propuso condonar los créditos del Icetex para, al menos, 4.500 jóvenes que se encuentran en la categoría de “incobrabilidad”.
Las reformas legales que impulsará
El equipo de empalme del presidente Gustavo Petro identificó una serie de reformas legales que priorizará en la primera legislatura del periodo de Gobierno. Entre ellas está una reforma a la Salud que se planea presentar en febrero de 2023, una reforma para la transición energética y otra para el Código de Minas; una Reforma Pensional, y también se discutirá la pertinencia de una Reforma Agraria, o si solo se avanzarán con las normas ya existentes. Y, en materia de educación, se impulsará una Re-forma al Sistema General de Participaciones y a la Ley 30 de 1992.
Se espera que el articulado recaude alrededor de $20 billones durante su primer año en vigencia y llegue de manera progresiva a la meta de $50 billones
Tal vez lo más importante es que la próxima administración mantenga la disposición de diálogo, ese tono conciliador, ese propósito de llegar a consensos y consolidar el camino de crecimiento económico
La pérdida de confianza conduce a una situación muy grave: la deslegitimación del Estado y la pérdida de autoridad. Si los jóvenes no creen en las instituciones, ¿qué sociedad nos espera?