La minería en Colombia no es un sector marginal ni aislado; es una actividad estratégica con impactos importantes en la economía nacional y las dinámicas regionales. La minería formal ofrece empleos con afiliación plena a seguridad social, estabilidad contractual y niveles salariales que, en promedio, superan los del sector rural tradicional. Esto es clave en un país como el nuestro, donde la informalidad laboral alcanza 55,4% a nivel nacional y se incrementa hasta 83,4% en los centros poblados y zonas rurales dispersas, según el Dane, lo cual evidencia condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en estos territorios.
En este contexto, la generación de empleo formal asociada a proyectos mineros tiene un efecto directo en la reducción de la pobreza monetaria y en el fortalecimiento del tejido social. Para miles de familias, un empleo formal en minería representa más que un ingreso estable, significa acceso a salud, pensión y protección frente a riesgos laborales.
En el frente externo, la minería ha sido históricamente un pilar de las exportaciones colombianas. Según datos sectoriales, durante 2024 las ventas externas mineras representaron cerca de 25% del total nacional, con ingresos que superaron los US$5.000 millones. Estos flujos contribuyen a la estabilidad macroeconómica, fortalecen la balanza de pagos y amortiguan choques externos en periodos de desaceleración de otros sectores productivos.
Impacto de las regalías
El impacto territorial se evidencia con mayor claridad a través del Sistema General de Regalías. Entre 2012 y 2024, el sector minero-energético transfirió más de $80 billones a departamentos y municipios, recursos destinados a proyectos de agua potable, saneamiento básico, vías terciarias, educación, salud y fortalecimiento productivo. Para muchas regiones históricamente rezagadas, estas transferencias han sido la principal fuente de financiación de obras públicas, cerrando brechas que el presupuesto ordinario no habría podido atender.
A estos aportes se suman los encadenamientos productivos que genera la minería formal. La operación de un proyecto de gran escala impulsa economías locales a través de la contratación de servicios de transporte, alimentación, alojamiento, mantenimiento industrial y provisión de insumos. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, IPE, por cada empleo directo generado por la minería se crean hasta ocho empleos adicionales en otros sectores de la economía, como resultado de sus encadenamientos productivos y posteriores efectos indirectos.
Programas de desarrollo de proveedores, capacitación técnica con el Sena y apoyo a emprendimientos comunitarios buscan que una parte significativa del valor agregado permanezca en los territorios, fortaleciendo capacidades locales y sentando bases para procesos de diversificación económica.
Un entorno cambiante
No obstante, el desempeño reciente del sector ha estado marcado por una alta volatilidad. Cifras del Dane muestran que, en el segundo trimestre de 2025, la actividad de explotación de minas y canteras registró una contracción de aproximadamente -10,2% frente al mismo periodo del año anterior, contribuyendo de manera negativa al crecimiento del PIB en ese trimestre.
Esta caída reflejó, entre otros factores, menores niveles de producción en la extracción de carbón, petróleo y minerales metálicos, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios y un entorno regulatorio más incierto. Asimismo, reportes sectoriales señalan que la Inversión Extranjera Directa, IED, en minas y canteras mostró una tendencia decreciente en 2025, con una caída estimada de alrededor de 31% en el primer semestre del año, lo cual evidencia un menor dinamismo en la captación de capitales para este subsector.
Entre los principales desafíos se encuentran la falta de previsibilidad en los procesos de licenciamiento ambiental, la necesidad de mejorar la productividad y competitividad del sector y la urgencia de diversificar la canasta minera. Colombia continúa concentrando su producción en carbón, oro y níquel, mientras que minerales estratégicos para la transición energética, como el cobre, tienen una participación aún marginal. Esta dependencia limita la capacidad del sector para integrarse plenamente a las cadenas globales de valor asociadas a las energías limpias.
Adicionalmente, en varias regiones del país, la ausencia de minería formal ha favorecido la expansión de actividades extractivas informales o ilegales, con altos costos sociales, ambientales y de seguridad. La experiencia demuestra que donde no hay proyectos formales con control institucional, suelen proliferar economías ilícitas que deterioran el entorno y profundizan la conflictividad social.
En conjunto, la minería colombiana exhibe un peso económico y social innegable, pero su potencial está condicionado por decisiones de política pública, estabilidad normativa y una visión de largo plazo. El reto es fortalecer la minería formal, responsable y estratégica que contribuya al desarrollo regional, a la sostenibilidad fiscal y a los objetivos nacionales de transición energética.
Participación del sector en el PIB
Según la Agencia Nacional de Minería, ANM, el sector representa alrededor de 2% del PIB nacional, genera cerca de 350.000 empleos directos y más de un millón de empleos indirectos a través de encadenamientos productivos; además, ha aportado más de US$11.700 millones en impuestos y regalías en la última década.
Estas cifras reflejan un aporte estructural a las finanzas públicas del país y a la sostenibilidad de múltiples programas de inversión pública. A pesar de las buenas cifras, el sector ha estado marcado por una alta volatilidad. En el segundo trimestre del año pasado, la actividad de explotación de minas y canteras registró una contracción de -10,2%, frente al mismo periodo de 2024.
