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Tribunal Superior de Bogotá definirá futuro del Aguardiente Real en los próximos días

miércoles, 5 de junio de 2024

Un grupo de distribuidores presentó un recurso jurídico con base en un peritaje independiente que deberá analizar el Tribunal Superior de Bogotá en los próximos días

El Tribunal Superior de Bogotá podría definir el regreso del Aguardiente Real de Antioquia al mercado licorero del país, producto que fue retirado tras una medida cautelar impulsada por la Industria Licorera de Caldas, ILC.

Un grupo de distribuidores de los productos de la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, acudió a un recurso jurídico ante el alto Tribunal, que en los próximos días deberá fallar, con base en un peritaje, para zanjar la controversia entre esa empresa y la ILC.

La historia comenzó cuando la licorera caldense lanzó al mercado el Aguardiente Amarillo de Manzanares y, tiempo después, en respuesta a la dinámica comercial, la FLA lanzó el Aguardiente Real.

LOS CONTRASTES

  • Alexis Perea Abogado en AJF Consulting Group SAS

    “Lo que concluye el dictamen pericial es que las botellas no se parecen en nada porque la botella del Aguardiente Real es más ancha y el tipo de letra es diferente”.

La ILC interpuso una acción de infracción marcaria y competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, argumentando que el producto de la FLA imitaba el suyo, y estaba induciendo al consumidor a la confusión.

Según la ILC, el Aguardiente Real usa el mismo color de su licor y esto produce, entre otras cosas, el aprovechamiento y explotación de la reputación ajena. La compañía argumentó que la forma, el color y la tipografía de la botella de su competidor es muy parecido al suyo, y eso no se ajusta a las normas de competencia leal.

Como consecuencia de la demanda de la ILC, la SIC decretó una medida cautelar, que en la práctica significó el retiro del mercado del Aguardiente Real.

Afectados por la imposibilidad de vender el producto, un grupo de 11 de los más importantes distribuidores de la FLA en todo el país decidió convertirse en parte del proceso, a través de una figura jurídica denominada coadyuvancia. Para ello, contrataron un peritaje independiente y lo allegaron ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, que en los próximos días deberá decidir en única instancia.

El peritaje arrojó un concepto contundente: no hay ningún tipo de similitud, de manera que los argumentos de la ILC quedan totalmente desvirtuados.

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