Inició validación extrajudicial para organizar deudas de Almacenes Flamingo

La Superintendencia de Sociedades informó que el 13 de febrero de 2026, fue admitido el trámite de validación judicial del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización celebrado por la sociedad Almacenes Flamingo S.A, esto con el fin de ordenar sus deudas y asegurar la continuidad de la empresa.

La negociación se llevó a cabo en el marco del Procedimiento de Recuperación Empresarial adelantado ante la Cámara de Comercio de Medellín y el acuerdo fue aprobado por el 90,78% de los acreedores de Flamingo S.A, porcentaje que supera ampliamente la mayoría exigida. Con corte a noviembre de 2025, la sociedad reportó activos por $361.188 millones y pasivos por $339.726 millones, incluyendo obligaciones laborales, fiscales y parafiscales debidamente certificadas.

Durante el año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, anunció que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor analizó distintos requerimientos de información a Almacenes Flamingo, relacionados con el servicio de ventas con financiación. Tras el análisis de los mismos, la Dirección determinó que la cadena vulneró los derechos de los consumidores en dos aspectos.

Las revisiones arrojaron que las operaciones de financiación por los almacenes, en noviembre de 2022 y enero de 2024, contaba con tasas de interés cobradas por la misma, que superaron los límites establecidos por la legislación colombiana.

Además, tras estudiar los contratos de adquisición de bienes y servicios, en la mismas fechas, no se incluyó la información necesaria para la toma de decisiones de los consumidores, relacionada directamente con la descripción detallada de lo adquirido, tasas de interés expresadas como interés efectivo anual, y la tasa máxima legal vigente cuando se firmó el contrato.

El acuerdo establece lineamientos generales para la atención ordenada de las deudas, iniciando con la priorización de los créditos laborales, fiscales y parafiscales. De igual forma, incorpora un esquema de cumplimiento para los acreedores garantizados, manteniendo las condiciones originalmente pactadas y respetando la prelación legal de las garantías, junto con mecanismos que permiten la eventual enajenación de inmuebles hipotecados cuando sea necesario para la ejecución del acuerdo.

En cuanto a los proveedores y demás obligaciones de cuarta clase, el acuerdo prevé un pago inicial proporcional apoyado en recursos judiciales liberados y un programa de amortización gradual a partir de 2028, mientras que para los acreedores quirografarios, se incorpora un esquema de pagos diferidos que se activará en los años posteriores, ambos con reconocimiento de una tasa de interés reducida.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó: “La admisión del trámite de validación judicial constituye un paso decisivo para asegurar la viabilidad financiera de la compañía y la adecuada protección del crédito en un proceso que involucra a más de quinientos acreedores de distinta naturaleza. Un acuerdo aprobado por una mayoría tan significativa demuestra la confianza de los acreedores en la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos bajo un esquema legal de reorganización y refleja la utilidad del régimen concursal como herramienta para preservar unidades productivas, proteger el empleo y evitar la destrucción innecesaria de valor."