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Billy Escobar, superintendente de Sociedades, entidad que determinará la reorganización de Alimentos Derivados de la Caña.
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Escobar añadió que la publicidad de las estructuras de control y de los grupos empresariales puede resultar fundamental para las autoridades correspondientes
La Superintendencia de Sociedades en las últimas horas concluyó que se configura un grupo empresarial conformado por Valores y Contratos S.A. “Valorcon S.A.” enReorganización, Equipo Universal S.A., e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., como controlantes conjuntas de las compañías Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. en Reorganización y Operadora Aeroportuaria del Caribe S.A.S.
Estas empresas se constituyeron para realizar la operación y el mantenimiento del Aeropuerto Ernesto Cortíssoz en Barranquilla.
La Supersociedades destacó además que "al decidir los recursos de reposición y apelación contra la resolución definitiva, excluyó del grupo empresarial a la sociedad Nuevo Aeropuerto de Barranquilla S.A.S. en Liquidación, como subordinada, ante la falta de elementos de prueba concluyentes que acreditaran el control, lo que dio lugar, a modificar el monto de la multa, de$130.000 millones a $100.000 millones".
Se informó también que en la investigación se identificó que Valorcon S.A. en Reorganización, Equipo Universal S.A. e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S. cuentan con una participación mayoritaria en el capital de Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. en Reorganización y Operadora Aeroportuaria del Caribe S.A.S.
Por su parte, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, afirmó que "la revelación de las situaciones de control y/o de grupo empresarial es de interés público, por cuanto existe un riesgo para las diferentes personas que interactúan con las empresas, cuando no se conoce la identidad de las verdaderas matrices o controlantes y de todas las entidades vinculadas".
Escobar añadió que la publicidad de las estructuras de control y de los grupos empresariales puede resultar fundamental para las autoridades correspondientes pues permitirían analizar potenciales conflictos de intereses de los administradores sociales, responsabilidades de los controlantes, realidad de las operaciones entre vinculadas, consolidación de estados financieros, evaluación de riesgos y efectos en casos de insolvencia.
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