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La decisión, según explicó el órgano de control por medio de un comunicado de prensa, se dio por supuestamente haber reportado y mantenido en centrales de riesgo a personas cuyas identidades fueron suplantadas.
“Las evidencias recaudadas por la Superindustria indicarían que UNE EPM habría reportado y mantenido en la central de riesgo Cifin a ciudadanos cuyas identidades habían sido suplantadas por otras personas”, explicó la entidad.
Estos usuarios, según la Superindustria, habían adquirido fraudulentamente servicios ante la empresa de comunicaciones.
La entidad liderada por Pablo Felipe Robledo detalló que el pliego de cargos se formuló debido a que la compañía paisa mantuvo reportados a los ciudadanos afectados por la suplantación por periodos que se extendieron por seis meses. El promedio de la tardanza, dijo la Superindustria, habría sido de tres meses aproximadamente.
“Esta decisión se adopta por la Superindustria en su condición de autoridad de inspección, vigilancia y control para la protección del derecho constitucional fundamental del habeas data de los ciudadanos”, se explicó en el comunicado de prensa.
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Según resaltaron en el comunicado, la autorización no representa un incremento estructural en el endeudamiento consolidado de la compañía
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