Sector de los licores es el único que ha tomado acción contra la adulteración digital

Mediante un proyecto contra la falsificación de productos y usurpación de marcas, la Andi lanzó un estudio de caracterización del comercio electrónico ilegal en productos de consumo masivo. En el evento participaron Paola Buendía, vicepresiendente de la Andi; Ana María Vesga, vicepresidenta de salud de la misma entidad y finalmente Silvia Montoya, gerente del proyecto contra la falsificación de productos.

Esta investigación se realizó desde el año pasado debido a varias alertas que se efectuaron desde el sector comercio. Se presentó un análisis con el objetivo de evitar que se generen perjuicios a la salud pública, mediante varias herramientas basadas en plataformas de comercio electrónico estudiadas en productos de alimentos.

En cuatro de cada cinco empresas se percibe la adulteración como "casos aislados o de bajo riesgo", con menos de cinco casos por año. Además, la empresa con mayor percepción del riesgo señala que el 30% de los productos que se ofrecen de su marca en e-commerce son adulterados, la mayoría estima que es inferior o muy inferior al 2%.

El estudio establece además que en suplementos dietarios, agroquímicos y medicamentos, se evidencia un factor de comercio internacional ilícito a escala por plataformas.

“Lo importante es generar recomendaciones de la mano de las autoridades y entidades del sector público”, expresó Paola Buendía, vicepresidente de la Andi. Imelda Restrepo, vicepresidenta de estudios económicos de la Andi. Explicó que el reto principal es en la regulación, ya que, se están hablando principalmente de temas de salud pública. Y este es un llamado para que el comercio electrónico pueda ser una buena herramienta para todos.

Daniel Rico, director de la consultora C-análisis, expresó que hubo un crecimiento de 54% en 2021 del comercio electrónico y 150% de crecimiento en el sector de alimentos y 32% en el sector de medicamentos. “Colombia está en una fase de expansión del comercio electrónico”, argumentó. Entonces, lo que se busca es que el comercio electrónico crezca de una manera segura, por ejemplo, este año se superaron los 6.000 millones de transacciones.

Para la Ocde, 3,3 % de los productos vendidos en línea son adulterados o falsificados y se espera que para 2035 esta cifra se multiplique por 10. Por ejemplo, en Estados Unidos se creó la ley de Shop Safe Act, que dice que las empresas de e-commerce son responsables jurídica y económicamente por el comercio ilícito, algo que aún no se ha desarrollado en Colombia.

En Colombia existen diferentes plataformas con diferentes tipos de riesgo, por ejemplo, Mercado libre es la plataforma de mayor interés para el estudio por el volumen transaccional y opciones de trazabilidad. Por otra parte, se evidenció que a través de las redes sociales se “arrastran” a los clientes y no actúan como una plataforma de comercio.

En las tendencias generales se evidenció que muy pocas empresas y solo para algunos productos han generado canales de comercio electrónico directos. Y frente a la percepción del riego, en cuatro de cada cinco empresas se percibe la adulteración como casos aislados o de bajo riesgo, con menos de cinco casos por año. “La empresa con mayor percepción del riesgo señala que 30% de los productos que ofrecen de su marca en e-commerce son adulterados, la mayoría estima que es inferior o muy inferior al 2%”, detalla el informe.

De las 20 empresas utilizadas para la muestra se evidenció que tres no realizan ningún tipo de acción, cinco hacen seguimiento manual del e-comerce; 16 realizan web scraping de tipo general; cinco realizan scraping detallado; seis hacen compras controladas basadas en denuncias; tres bloquean directamente con productos ilegales y dos acompañan con acciones judiciales.

“Las empresas de licores han determinado herramientas que le permiten identificar con un 95% de eficacia cuales productos son de carácter ilegal”, expresó Daniel Rico. Además, se puede evidenciar que desde el aspecto legal no hay leyes que se puedan aplicar al comercio electrónico.

Por otra parte, no existe un procedimiento único de reporte frente a los casos de comercio ilegal, además, las empresas tienen que hacer mucho esfuerzo para tumbar algún perfil que se utilice para la ilegalidad y usualmente estos suelen crear otros perfiles de manera rápida. Para que “tumbar” un perfil tenga efecto se debe reportar a la entidad financiera, advertir a los compradores y reportar a otras plataformas. Por el momento, la única iniciativa de cambio de normas se observa en los licores.

De 86 productos de alto riesgo se encontraron 30 comercializados en Mercado Libre, como Oxicodona, además de productos químicos como Acetona, Acido Clorhidrico, y armas traumáticas adaptadas.

En el sector de los suplementos dietarios encontraron que la reputación de los vendedores es de las más bajas para los vendedores. 100% de ofertas se realizaron por personas naturales y no se podía identificar cuáles eran los nombres de los vendedores, siendo el sector que tiene más riesgo. El sector de agroquímicos es parecido, el nombre del vendedor es totalmente desconocido para el consumidor.

En conclusión, se puede evidenciar que existe un rezago normativo para contener el comercio electrónico ilegal. Hay poco intento por parte de las empresas afectadas para contener este tipo de delitos y proteger a los consumidores, aunque el nivel de penetración del comercio electrónico es bajo, las condiciones están dadas para que se pueda dar su expansión en todos los sectores.

Los expertos concluyeron que es necesario adoptar medidas reales al control al registro de oferentes en las plataformas y dar un cumplimiento a los criterios de Sagrilaf para el comercio electrónico, según las recomendaciones realizadas por C-análisis.

William Castellanos, de la Uiaf, expresó que “el comercio en línea está siendo utilizado para el realizamiento del lavado de activos” y por ende se deben generar políticas públicas que protejan al sector. La Uiaf, es un organismo de inteligencia financiera que analiza información recaudada para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos.