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Sin embargo, luego de realizar un proceso de auditoría médica, jurídica y financiera, el órgano de control halló “errores significativos en la presentación de acreencias”.
Tras realizar este procedimiento, según explicó la Superintendencia, las acreencias por los servicios de salud se dividieron así: en la red privada se establecieron 1.756 acreencias por un valor de $1,9 billones y un porcentaje de reconocimiento de 33%; para la red pública se establecieron 602 acreencias, por $598.938 millones; mientras que en la red propia se llegó a 11 por $1,9 billones. El total reconocido a los servicios de salud y a los proveedores estratégicos, según el órgano de control, ascendió hasta los $2,8 billones.
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