Ocho de los nueve miembros de la Junta Directiva de EPM renunciaron ayer luego de la demanda a consorcios de Hidroituango

María Alejandra Ruiz Rico - mruiz@larepublica.com.co

Ayer, en horas de la tarde, se conoció la ruptura total entre la Junta Directiva de EPM y la gerencia. Debido a las decisiones recientes de la gerencia, apoyadas por la alcaldía, ocho de los nueve miembros de la Junta renunciaron. El único que quedó de la mesa chica fue el alcalde Daniel Quintero. Esta decisión se dio horas después de una reunión extraordinaria, en la cual, según lo publicado en la Superintendencia Financiera, no se tomaron decisiones decisorias.

El descontento de la Junta se dejó ver el lunes, cuando en una carta los miembros manifestaron su “preocupación y malestar” por las acciones que se han tomado recientemente desde la dirigencia de la empresa, dentro de las que se incluye la demanda contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores del proyecto Hidroituango por $9,9 billones. Además, los directivos mostraron su inconformidad por otras decisiones como la ampliación del objeto social y reclamaron el “querer dar a entender a la opinión pública que la Junta Directiva participó en dichas decisiones”.

De los nueve miembros de la mesa directiva, la carta fue firmada por Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gómez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa y Elena Rico Villegas. El único que no firmó fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero (presidente del Junta), pero llama la atención la firma de Luis Fernando Álvarez, Jesús Aristizábal y Oswaldo León Gómez, quienes fueron incorporados a la junta de EPM este año, junto con el alcalde.

Este problema con los consorcios y las disputas en la alta gerencia de EPM ponen en tela de juicio el ya retrasado cronograma para la entrega del proyecto que se espera represente 17% de la generación de energía del país, ya que no solamente tiene inconvenientes con su licencia ambiental que evitan la continuidad de las obras, sino que sus trabajos también se han visto retrasados por la pandemia, que has ta ha dejado trabajadores de la obra contagiados.

En este momento, el proceso de conciliación entre EPM y los consorcios está en una primera etapa, pero si fracasa, el Consejo de Estado será la entidad que lleve a cabo la controversia económica entre la empresa antioqueña y sus socios en la hidroeléctrica. Si se llega a eso, esta sería la demanda más alta interpuesta por una entidad de derecho público en contra de un contratista en Colombia.

LOS CONTRASTES

  • Alejandro CastañedaPresidente de Andeg

    “Las cosas podrían estar apretadas. De ahí la necesidad de trabajar en la subasta de reconfiguración de compra que lanzaron para septiembre”.

  • Álfredo RamosConcejal de Medellín

    “Muy preocupante lo que está sucediendo. Genera múltiples inquietudes una cantidad de decisiones extrañas, pero en especial que no se esté considerando a la Junta”.

Cabe destacar que antes de eso, hay todavía tres meses, hasta el 10 de noviembre, para sacar adelante este asunto con un acuerdo entre las partes. Para tratar que esta conciliación se surta en condiciones adecuadas, se solicitó la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado.

Más allá de cómo termine el fondo del asunto, se anticipa que estas decisiones pueden traer consecuencias políticas para el alcalde Quintero, ya que concejales como Luis Alfredo Ramos Maya (quien fue su contendor en las elecciones regionales) ya han empezado a expresar sus dudas. “Muy preocupante lo que está sucediendo en EPM, nuestra empresa insignia en Medellín. Generan múltiples inquietudes una cantidad de decisiones extrañas, pero en especial que no se esté considerando la Junta Directiva y que se esté usurpando su nombre para firmar comunicados”, dijo Ramos Maya en su cuenta de Twitter.

En una reacción inicial, la presidente de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez Nicholls, indicó que "en la historia de Medellín y de Antioquia nunca ha sucedido una pérdida de institucionalidad tan grave como la que estamos viendo hoy", y agregó que "hoy más que nunca debemos hacerle un llamado al señor alcalde para que se respeten los principios de Gobierno Corporativo para que las empresas públicas de Medellín sigan siendo el modelo de empresas públicas de las que los antioqueños nos sentimos orgullosos".

A pesar de todo esto, la gente en la calle parece apoyar a Quintero, ya que una encuesta hecha por el portal Minuto30 con ciudadanos de Medellín reveló que la mayoría está de acuerdo con la demanda que decidió la gerencia contra los consorcios que construyen Hidroituango.

En un comunicado presentado a la Superfinanciera, EPM aseguró que "frente a las medidas que se adoptarán para recomponer los órganos de gobierno existentes, corresponde al señor Alcalde de la ciudad, proceder a designar a los nuevos miembros de Junta que habrán de reemplazar a quienes han presentado su renuncia, pues es él, según la normativa aplicable, y fundamentalmente los estatutos, quien tiene la atribución de su nombramiento".

Frente a las críticas que se han dado en redes sociales y movimientos ciudadanos sobre los vínculos de algunos miembros de la Junta Directiva de EPM con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), cabe aclarar que ninguno tiene un contrato laboral o de asesoría con el GEA.

Solicitud de conciliación a Mapfre

El martes al finalizar la tarde, EPM presentó una solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 32 Judicial en contra de Mapfre Seguors Generales de Colombia. "Dicha solicitud se sustenta en la ocurrencia de un siniestro en la Póliza Todo Riesgo Construcción No. 2901211000362 expedida por dicha aseguradora, cuando el pasado 28 de abril de 2018 colapsó la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, causando unos daños a EPM que han sido estimados, a la fecha, en una suma cercana a los $10 billones", informó la empresa en un comunicado.

Además, aseguró que teniendo en cuenta las coberturas, amparos y límites de la póliza, las pretensiones de la solicitud de conciliación ascienden a la suma $5,38 billones.