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SALUD

Procuraduría abrió investigación contra el Superintendente de Salud por caso Sanitas

jueves, 4 de abril de 2024

Procuraduría General de la Nación.

Foto: Procuraduría General de la Nación.

El representante legal de Sanitas, Juan Pablo Currea, aseguró que la actuación ha sido desproporcionada, discriminatoria y arbitraria

La Procuraduría General abrió una investigación contra el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, por presuntas irregularidades en la intervención de la EPS Sanitas. En el proceso también se revisará la designación de Dúver Vargas como agente interventor.

Según explicó la entidad, la apertura de la investigación disciplinaria se dio tras una queja instaurada en contra de la Supersalud, por una "aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS".

La PGN le solicitó a la superintendencia copia del proceso adelantado para intervenir a EPS Sanitas, así como del trámite realizado para designar al agente interventor.

Entre otras acciones solicitó el número de quejas, reclamaciones y tutelas respecto a la cantidad de personas afiliadas, así como las deudas de la EPS con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud.

Esto se da luego de que Juan Pablo Currea, el representante legal de la Keralty S.A.S., accionista de EPS Sanitas, radicó una queja disciplinaria contra la Superintendencia de Salud y pidió acompañamiento de la Procuraduría para la intervención que adelanta la entidad contra la EPS. También apuntó a que dicho proceso sugiere "una posible expropiación".

“Me permito solicitar respetuosamente nos conceda un espacio con su equipo de trabajo de manera prioritaria para poner en conocimiento de ustedes las diferentes anomalías que observamos en el acto administrativo, el cual consideramos que presenta una falsa motivación al afirmar que los problemas financieros de las EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados”, escribió.

Currea aseguró que la actuación del ente de control ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y “sugiera una posible expropiación”.

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