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La petición de la medida cautelar se hace a fin de evitar “un evidente detrimento patrimonial y la configuración de un perjuicio irremediable para la Nación y el interés general”.
Esto, ya que en su criterio “una vez adjudicadas y vendidas las acciones a terceros de buena fe, recuperar el patrimonio público sería imposible, o sumamente costoso”.
La Red de Justicia Tributaria demandó el proceso de venta de la empresa por considerar que la misma viola el artículo 334 de la Constitución, referido al principio de sostenibilidad fiscal.
En la demanda, los accionantes solicitaron la suspensión del Decreto 1609, que autoriza la venta y, como no ha habido pronunciamiento, solicitaron al Consejo de Estado que le dé celeridad al trámite de la misma.
La Fundación Grupo Argos y un grupo de 24 empresas contribuyentes trabajan en la construcción del alcantarillado de Nueva Colonia con inversión de más de $112.000 millones
En el desglose de los principales operadores del país, a pesar de tener una reducción de 3,3%, Claro fue el que concentró la mayor inversión del sector con 58,9%
El año pasado la marca automotriz de Elon Musk anunció oficialmente su entrada a la industria nacional de autos eléctricos
