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La petición de la medida cautelar se hace a fin de evitar “un evidente detrimento patrimonial y la configuración de un perjuicio irremediable para la Nación y el interés general”.
Esto, ya que en su criterio “una vez adjudicadas y vendidas las acciones a terceros de buena fe, recuperar el patrimonio público sería imposible, o sumamente costoso”.
La Red de Justicia Tributaria demandó el proceso de venta de la empresa por considerar que la misma viola el artículo 334 de la Constitución, referido al principio de sostenibilidad fiscal.
En la demanda, los accionantes solicitaron la suspensión del Decreto 1609, que autoriza la venta y, como no ha habido pronunciamiento, solicitaron al Consejo de Estado que le dé celeridad al trámite de la misma.
Alejandro Vélez, presidente de Comapan, aseguró que el año pasado el impuesto para alimentos ultraprocesados golpeó al sector
Telefónica ya aceptó cederle su porción de 67,5% a cambio de US$400 millones. Tigo y Movistar afirmaron que, por ahora, siguen siendo competidores
La app busca consolidar varios servicios digitales para hacerlo más fácil para los usuarios y ofrecer nuevas oportunidades a las empresas
