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El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, negó que haya actuado de manera irregular cuando insistió para que esa corporación seleccionara una tutela con la que Sofía Jiménez Parrado, condenada por homicidio, recibiera casa por cárcel.
La Fiscalía reveló que la mujer pagó gruesas cifras de dinero para que las autoridades judiciales le otorgaran el beneficio, pese a la condena de 52 años de prisión que pesa en su contra por el homicidio de su esposo, su hijastro y dos personas más, en medio de una cruzada para quedarse con el emporio Autorrolings.
Allí salió a relucir el nombre de Rojas Ríos, quien presentó el primero de abril de 2016 una insistencia ante sus colegas Gloria Stella Ortiz y Luis Guillermo Guerrero, para que seleccionaran la tutela, señalando que era cabeza de familia.
“Es indiscutible que este caso presenta alta relevancia constitucional debido al abandono y desprotección en que actualmente se encuentran tres menores de edad por la decisión de los jueces citados, que al revocar la sustitución de detención preventiva en el lugar de residencia y disponer su traslado al centro de reclusión, separan a los niños de su madre”, dijo en su momento el magistrado.
Tras conocerse este asunto, el magistrado Rojas Ríos expidió un comunicado esta noche en donde afirma que la insistencia fue presentada de manera genérica y en abstracto, “sin relación ni conocimiento concreto de las personas que pudieren estar involucradas en hechos que impliquen juicios de valor negativos, a los cuales soy ajeno”.
En el comunicado, Rojas Ríos señaló que, en su criterio, la Corte debió estudiar esa tutela, porque se trataba de los derechos de tres menores de edad y señaló que en ese momento presentó dictámenes rendidos por psicólogas, trabajadoras sociales y expertos en protección familiar”.
“Más allá de las vicisitudes particulares de los litigios y la sanción que corresponde a quienes incurran en conductas delictivas, los principios, valores y derechos que le dan identidad doctrinaria a nuestra Constitución Política, constituyen parámetro de protección sobre los derechos fundamentales de sujetos y poblaciones vulnerables y frágiles, en el marco del Estado Social de Derecho”, agregó Rojas en el comunicado.
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