Las dos irregularidades en permisos de Pollo Olympico que incluyen construcción de viviendas

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Luego de casi dos meses del derrumbe registrado en el kilómetro 58 de la vía al Llano, siguen saliendo a la luz nuevas evidencias que apuntan a las causas probables de dicho siniestro. En esta oportunidad, los hallazgos incluyen construcciones sin licencia en la zona, así como la desestabilización del terreno durante la última década a causa de las desviaciones de las aguas lluvias.

Uno de los primeros indicios de complicaciones en el municipio de Guayabetal fue reportado ante la Alcaldía en marzo de 2013 por María Feliza Pozo Niño, quien aseguró que su vivienda presentó daños ocasionados por la construcción realizada por Pollo Olympico. La Entidad reconoció en su momento que la causa de dicha afectación era la operación de la agroindustria.

El problema se agudizó tres años después, cuando Corporinoquia realizó una visita técnica a las instalaciones de Pollo Olympico en Guayabetal, a mediados de diciembre. Allí, encontraron que los 16 galpones ubicados en la zona (ver gráfico) no contaban con sistema de recolección de aguas de escorrentía en los techos.

Además, la Corporación halló 12 viviendas con pozo séptico cada una, habitadas por tres personas aproximadamente. El problema es que dicha cantidad representa hasta ocho casas más de las que fueron licenciadas entre 2010 y 2013, tiempo entre el que se aprobó la construcción de cuatro viviendas. En cada caso, la vigencia de la resolución era de 24 meses.

Toda esta evidencia contrasta con el pronunciamiento de Corporinoquia en junio de 2018, pues argumentó que “no se generan actividades de beneficio por tanto el agua (…) es utilizada para abrevadero de las aves”, cuando según los estudios que se han presentado hay vertimientos por la actividad industrial avícola y el uso doméstico proveniente de las viviendas de los cuidadores.

Otras actuaciones que involucran a Corporinoquia muestran que en 2010 otorgó concesión de aguas y ocupación de cauce a Pollo Olympico por cinco años, desde la ejecutoria de la resolución, para uso industrial y doméstico. Dicha decisión fue prorrogada por ocho años en 2016, aumentando el caudal a 1,93 litros por segundo. No obstante, la información indica que, si bien la prórroga de la concesión de aguas se solicitó dentro del término de ley, se otorgó con un permiso vencido.

Acá se debe tener en cuenta que la Corporación recomendó en 2009 “la presentación de medidas ambientales a implementar para el desarrollo de la actividad”. El tiempo que fue otorgado a la empresa para presentar dichas medidas fue de 60 días, según detallan los reportes.

Por su parte, estas evidencias también detallan la explanación de un terreno para ser utilizado como carreteable de acceso y que opera como canal de aguas, generando mayor desestabilización del suelo.

Sobre la situación que se registra con base en dichas pruebas, el gerente de logística, transporte e infraestructura de la Andi, Edgar Higuera, mencionó que en Colombia debe haber un modelo de gerenciamiento de proyectos que vea el caso integral de construcción y mantenimiento, “o vamos a tener siempre ese problema a largo plazo”.

Con respecto al tema de las licencias, el ejecutivo agregó que las unidades del Estado, como alcaldías, gobernaciones y corporaciones regionales, siempre han sido autónomas en ese tema y han andado por su lado, lo que ha generado una “ausencia de visión integral”.