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El superintendente Pablo Felipe Robledo explicó en rueda de prensa que la multa que se impone por violar la libre competencia es producto de una investigación exhautiva (revelada en primicia por LR) la cual tomó cuatro años.
"La sanción se impone porque para ese entonces se estaba obligando a los distribuidores y comercializadores de arroz a no trasladar al consumidor los descuentos que daban Molinos Roa y Molinos Florhuila", dijo Robledo.
Aclaró que este fallo no tiene nada que ver con el incremento del precio del arroz.
La Organización Roa-Florhuila cuenta con ocho plantas propias y otras cinco que operan como maquila. Compra arroz paddy verde a más de 3. 350 productores y tiene 1.500 trabajadores.
En un aviso publicado en los medios hace varias semanas, el presidente de la compañía Aníbal Roa Villamil, aclaró: "la investigación que tramita actualmente la Superintendencia de Industria y Comercio, anunciada en algunos medios de comunicación en los últimos días, se refiere a hechos de 2010, que nada tiene que ver con acuerdos entre competidores, donde no se afectó ni la libre competencia, ni los consumidores. Tampoco se refiere a la coyuntura actual del mercado".
En el comunicado, publicado como aviso, agregó: "en la coyuntura actual, las razones del incremento en precio al consumidor se explica por una escasez atribuida a menor área de siembra, reducción de los inventarios, demora en la aprobación de las importaciones por parte del Gobierno, el arancel a terceros países distintos a la comunidad andina, las condiciones de negociaciones del TLC con Estados Unidos y la acelerada devaluación del peso que encarece el producto importado".
Las sanciones puntuales que impuso la SIC son las siguientes: la Organización Roa Florhuila deberá pagar una multa de $32.217 millones, Aníbal Roa Villamil (presidente) una cantidad de $1.063 millones, Hernando Rodríguez Rodríguez (gerente general) la suma de $515,4 millones, Edgar Gaviria Herrera (gerente de Ventas) un monto de $12,8 milllones y Pablo Julio Gutiérrez Uribe un total de $12,8 millones.
El Superintendente explicó que las sanciones impuestas a la firma tienen como agravantes sus antecedentes en materia de violaciones a la libre competencia pues en 2005 se le impuso una sanción por cartelización empresarial junto con otras empresas molineras, así como otra en 2013 por no haber informado su integración empresarial, lo cual, según Robledo, impone a la Superintendencia la obligación legal de agravar las sanciones.
Los señalamientos incluyen el incumplimiento de plazos de entrega comprometidos y la omisión de información crucial en su publicidad
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