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CONSTRUCCIÓN

Hay más de 450 procesos de insolvencia de empresas del sector de la construcción

miércoles, 22 de febrero de 2023

Entre estas organizaciones, se destacan dos constructoras que han sido liquidadas en los últimos meses, Sociedad Covín y Conhime

Recientemente, la constructora Sociedad Covín se declaró en quiebra, por lo que tuvo que entrar a proceso de liquidación de acuerdo con el fallo de la Superintendencia de Sociedades que expidió el 15 de febrero y que la obliga a suspender sus actividades comerciales, así como el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la empresa que puedan llegar a ser embargados.

La compañía entra a la lista de las 458 empresas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil que están en proceso de insolvencia con corte a septiembre del año pasado. Dichas compañías acumulan más de 16.000 empleados y $14.935 millones en activos. Entre estas organizaciones se destacan dos constructoras que han sido liquidadas en los últimos meses Conhime S.A.S. y Sociedad Covín.

El caso de Sociedad Covín fue el más reciente. Esta empresa es responsable de construir el edificio del proyecto Atavanza en Medellín, el cual se hizo en una zona de alto riesgo debido a los deslizamientos que se pueden presentar, lo que pone en peligro a los habitantes del inmueble y a los vecinos de Rodeo Alto. SuperSociedades evaluó la solicitud de Covín y dijo que “llena los requisitos exigidos por la Ley 1116 de 2006 para ser admitida a un proceso de liquidación judicial”.

Covín S.A. hacía obras de ingeniería para el sector público y privado, la mayoría de estos se realizaban en Antioquia. Algunos de sus últimos proyectos fueron: Guarne y San Juan de la Tasajera en Copacabana, Brizza y Mazzaro Apartamentos en Sabaneta y Ventto en San Antonio de Prado.

Otra de las empresas que han sido liquidadas en los últimos meses es Conhime S.A.S., la cual tuvo que someterse a este proceso desde el año pasado por la destrucción total del patrimonio. Además, la Superintendencia, a través de la Intendencia Regional de Medellín, inhabilitó por hasta ocho años al exrepresentante legal de dicha compañía, Juan Camilo Arias, para ejercer este tipo de cargos. Esta compañía apoyó la construcción de bloques para la Universidad Nacional y realizó intervenciones y mejoramiento de escuelas para el municipio de Copacabana y Barbosa, entre otros.

De acuerdo con el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, la pandemia impactó en gran medida al sector de la construcción en todo Colombia, por lo que, varias empresas de la industria se vieron afectadas y tuvieron que entrar en procesos de insolvencia ante los entes reguladores.

LOS CONTRASTES

  • Billy Escobar PérezSuperintendente de Sociedades

    “Los cierres ocasionados durante la pandemia impactaron directamente el sector de la construcción en todo el país. A raíz de esto, varias empresas se encuentran en procesos de insolvencia”.

“Nuestro propósito ha sido el de atender prioritaria y oportunamente esta situación con diferentes medidas de salvamento empresarial, fortaleciendo y atendiendo, tanto a las compañías, como a la ciudadanía que se ha visto afectada. A su vez, desde el año pasado nos dimos a la tarea de prorrogar los decretos 560 y 772 de 2020 para hacer más expeditos estos procesos con el objetivo de salvar el empleo con el fortalecimiento de estas empresas para lograr que su reactivación sea competitiva y sostenible”, agregó el superintendente.

Entre las compañías que entraron en liquidación judicial el año pasado se encuentran: Constructora Diana Veronica S A., Construmax S.A., ICM Ingenieros S.A.S., Itec de la Costa SAS, Constructora Ingarcon Limitada, Villa Hernandez & CIA SAS (ver gráfico).

Mientras que algunas de las empresas que se encuentran en liquidación simplificada son: Construequipos & CIA S.A.S., Ingenieros y Arquitectos Consultores y Constructores Asociados Ltda, HJ Ingenieros Civiles S.A.S., Seika S.A.S. y Tressensenta S.A.S.

La diferencia entre la liquidación judicial y la simplificada radica en el tamaño de la empresa, pues la primera se lleva a cabo para las grandes compañías, mientras que la segunda es para organizaciones de menos de 5.000 salarios mínimos en activos al momento de iniciarse el procedimiento.

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