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Consecuencias que ven las constructoras si se desindexa la vivienda VIS del salario mínimo.
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Propuesta de vender vivienda VIS en pesos divide al sector: algunas constructoras ven mayor certeza, otras advierten alzas de costos y menor oferta
Durante el primer puente festivo del año, el Ministerio de Vivienda publicó el borrador de decreto con el que busca establecer que los proyectos de Vivienda de Interés Social, VIS, sean comercializados en pesos colombianos y de esa manera evitar que las negociaciones se hagan en salarios mínimos.
En el documento, el Gobierno propuso bajar el tope de 150 salarios mínimos a 135 salarios mínimos, lo que se traduce en que el valor de la vivienda tendría una reducción.
Sin embargo, frente a esta propuesta, las constructoras se mostraron en contra. Entre las razones del descontento destacan que las vivienda VIS se irían para las periferias si se desindexan del mínimo, el número de unidades de vivienda se reduciría y habría afectación en ciudades principales, además del desincentivo de la oferta y costo por encima de la inflación.
Desde Grupo Oikos informaron que buscan fijar y controlar los precios de sus proyectos de Vivienda de Interés Social, VIS, mitigando el impacto del alza en los costos de vida y construcción. El grupo añadió que realizarán un esfuerzo para que los ajustes en sus inmuebles se mantengan muy por debajo del aumento del mínimo, con rangos que oscilan apenas entre 5,8% y 11,5%, dependiendo del proyecto y su fecha de escrituración.
Luis Aurelio Díaz, presidente de la constructora, señaló que dejar de indexar la VIS al salario mínimo no es una buena decisión. “Esta medida hará que no se desarrollen proyectos acordes a las necesidades reales de ese segmento de la población, especialmente en términos de localización, movilidad, desarrollo urbano y valorización. Por el contrario, los proyectos tenderán a ubicarse en zonas marginadas, con menor calidad urbana y mayores dificultades”, afirmó Díaz.
Además, señaló que “habría cierres financieros en muchas de las ciudades, lo cual haría que el número de unidades que se lanzan baje de manera importante”. También destacó que lo único que hará esta medida es que el déficit habitacional no se pueda suplir o que solo se supla en zonas de baja valorización o deterioradas.
“Los proyectos viables se concentrarían en zonas sin normatividad clara, con servicios públicos no consolidados, mala infraestructura y deficiente movilidad”.
“Es clave diseñar estrategias para asegurar la demanda y evitar que los compradores desistan por falta de capacidad de pago. El reto es lograr el cierre financiero”
Para Federico Gómez, gerente general de Sumas Construcciones SAS, esta medida introduce nuevos riesgos, ya que “el aumento del salario mínimo incrementa los costos de producción, especialmente en vivienda de bajo costo, donde el impacto puede estar entre 10% y 12%, mientras que en vivienda libre ronda 8% y en vivienda premium cerca de 6%. Esto implica un aumento de costos por encima de la inflación normal del sector”.
Frente a la reducción del tope a 135 salarios mínimos, Gómez destacó que todos los proyectos quedarían anexados a ese máximo, imposibilitando la segmentación de la oferta. Además, la opción de crear un portafolio diverso sería mucho menor. “En la práctica, aunque el valor máximo sube en pesos, de cerca de $214 millones a $236 millones, el incremento real es de alrededor de 10,5%, lo que no compensa el aumento de los costos”, añadió.
Pablo Echeverri, presidente de Constructora Capital, señaló que con base en su experiencia, esta decisión garantiza la capacidad de compra del cliente y fortalece la confianza en el sector constructor.
“Desde hace 2 años, nuestros proyectos se venden en pesos, lo que ha representado un gran diferencial comercial y una medida positiva para la protección de nuestros clientes. Al vender en pesos fijos, en Constructora Capital eliminamos las variables de incertidumbre, lo que nos ha permitido entregar una oferta especial donde al comprador no le cambia el precio cada año, sino que tiene totalmente definido el monto de su inversión y sus cuotas mensuales”, destacó Echeverri.
Esto evidencia las tensiones entre la intención del Gobierno de dar mayor certidumbre a los compradores y las alertas del sector de la construcción sobre la viabilidad de los proyectos VIS.
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, explicó hace unos días que esto no era viable hacerlo por decreto. “La fijación de los precios de la vivienda VIS está definida por ley y por el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el propio presidente Petro. Solo el Congreso podría modificar ese esquema”. Herrera añadió que “se pueden desindexar gastos, como los arriendos, pero no las inversiones ni el ahorro, como la compra de vivienda. Desindexar la vivienda implicaría una pérdida generalizada de valor de los activos inmobiliarios, lo cual no es deseable”.
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