Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra tres exdirectivos de Cemex

Por la adquisición irregular en un predio ubicado en Maceo, Antioquía, inició un proceso de investigación en el cual la Fiscalía General de la Nación solicitó a la juez 73 la medida de aseguramiento en un centro carcelario en contra de tres exdirectivos de Cemex Colombia.

Édgar Ramírez Martínez, Eugenio Correa Díaz y Camilo González Téllez fueron las personas a las que el organismo judicial les imputó la medida, afirmando que “los imputados podrían obstruir el proceso judicial en el que están inmersos. Así quedó demostrado en una serie de interceptaciones telefónicas entre Correa Díaz y su mamá, Rosario Díaz, quienes presuntamente estaban buscando a un funcionario judicial para salir bien librados del proceso”.

Según explicó el fiscal al momento de la exposición de pruebas, “el señor Eugenio Correa Díaz, al parecer, ha estado pretendiendo acceder a funcionarios públicos, en procura de recibir asesoría sobre su caso (…) dan a entender que está buscando un acercamiento con una persona que es juez en Bogotá, que le podría ayudar y que están procurando esos acercamientos para ver cómo puede beneficiarse en su caso”.

A pesar de que se dieron a conocer más pruebas, esta no sería la primera vez en la que un tercero es mencionado, ya que previamente el nombre de la actriz mexicana Montserrat Oliver salió a flote como presunta intermediaria en el negocio.

Durante la audiencia se dieron a conocer interceptaciones como en la que Correa se contactó personalmente con Manuel José Pulido, el juez que indicó la Fiscalía por medio de las interceptaciones, quien hacía parte de la rama judicial, y según el ente acusador, este juez tiene “potencialidad para acceder a funcionarios judiciales en busca de un beneficio”.

El ente aprovechó para manifestar que Correa “hace parte de las investigaciones que adelanta el ente acusador por la compra de un predio por parte de la empresa cementera Cemex Colombia, por un valor superior a los $40.000 millones, sin embargo, pese a que se registró la compra de dicho predio, este nunca pasó a manos de la empresa, por lo que tenía medidas cautelares de extinción de dominio”.

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Se debe recordar que en marzo de este año, por esa misma planta en Maceo, por medio de la Superintendencia Financiera, la cementera dio a conocer que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) le solicitó información para determinar si había incurrido o no en una violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero que se aplica en ese país.