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Firma en líos por el Canal de Panamá está detrás de megaobras por más de $8 billones en Colombia

martes, 7 de enero de 2014
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Camilo Giraldo Gallo

La firma española Sacyr, que empezará a negociar con el gobierno de Panamá fondos adicionales para continuar con la ampliación del canal interoceánico de ese país, es una de las que busca quedarse con concesiones en Colombia para la construcción de las llamadas vías de cuarta generación.

La Autopista al Río Magdalena 1 y 2, la carretera de Puerta de Hierro a Cruz del Vizo, la de Santa Ana-Mocoa-Neiva y la de Villavicencio a Yopal, entre otros proyectos que suman $8,7 billones, están en la mira de la compañía.

Tras el incidente con el Canal de Panamá, que se dio porque la empresa española dijo que suspendería las obras de ampliación por sobrecostos de US$1.600 millones, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), señaló que los procesos licitatorios de las vías de cuarta generación están blindados contra este tipo de situaciones pues se están descalificando los proyectos con ofertas muy bajas.

“Uno es asegurarnos que las firmas sean idóneas, que tengan la capacidad de hacer las obras. Segundo, que no se adjudique por precios muy bajos (...) estamos eliminando a las ofertas muy bajas porque esas son las que generalmente nos generan problemas después. Y obviamente poder aplicar multas y exigir garantías para que les sea muy costoso en el caso de que decidan parar las obras”, dijo Andrade.

Sacyr hoy está detrás de los proyectos más grandes de infraestructura vial que va a hacer el país. El más grande de ellos es el de las dos etapas de la Autopista al Río Magdalena. El primer tramo, para el cual ya está precalificada, tiene un valor estimado de $3,38 billones; el segundo tramo, por el que también sigue en la pelea la compañía española, contempla un costo de $2,2 billones.

Otro de los procesos en los que tiene puestos sus intereses el grupo español es el de la rehabilitación y ampliación de la carretera entre Puerta de Hierro y Cruz del Vizo, la cual conectará a los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico con 173 kilómetros intervenidos y un presupuesto de $468.000 millones.

Además de estas se ha conocido que tienen intereses en la Perimetral de Cundinamarca, en la Conexión Pacífico 2 y 3.

La intervención de 422 kilómetros entre Santa Ana, Mocoa y Neiva, que tiene un valor que la ANI estima en $1,2 billones y que incluye construcción de dobles calzadas, variantes y rehabilitación de corredores también tiene entre sus precalificados al grupo Sacyr, que no solo tiene hoy líos en Panamá, sino que además ya tiene un historial de fallas en Colombia.

La compañía constructora y de larga trayectoria en concesiones alrededor del mundo, estuvo en un sonado proceso judicial de ocho años con el Gobierno y por el cual tuvo que pagar una indemnización.

Los problemas comenzaron después de que el gobierno de Andrés Pastrana en 1997 entregó los primeros US$77 millones para el inicio de las obras para construir la vía entre Tobia Grande y Puerto Salgar, con inversiones por más de US$425 millones de la época fue adjudicado al Consorcio del Magdalena Medio (Commsa) conformados por las firmas colombianas Equipos Universal, Castro Tcherassi, Gercon y Cano Jiménez, y las españolas Sacyr y ACS. Commsa pidió cambios en los diseños acordados y decidió cambiar los nueve túneles pactados por un trazado a cielo abierto.

Tres años después el Gobierno decidió caducar el contrato e ingresar a un pleito legal con las empresas.

Ofrecen US$180 millones a Sacyr para el Canal
Después de la intervención del gobierno español ante el de Panamá, con el fin de que se continúen las negociaciones con la firma Sacyr, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) le ofreció a la empresa una adición de US$180 millones para que continúe con el desarrollo del proyecto de ampliación del canal interoceánico. La propuesta incluye además que el consorcio del cual hace parte Sacyr, Gupc, haga otro desembolso de US$100 millones con el objetivo de garantizar la continuidad de la obra en próximos meses.

Las opiniones

Luis Fernando Andrade
Presidente de la ANI

“Asegurarnos que las firmas sean idóneas, que tengan la capacidad de hacer las obras. Segundo, que no se adjudique por precios muy bajos. Estamos eliminando ofertas muy bajas”.

Daniel Flórez
Expresidente de la SCI

“El problema no es de las firmas sino de la entidad que adjudica los proyectos. Al tener un proyecto maduro y bien diseñado se descartan las propuestas no razonables”.

José Manuel Restrepo
Rector del CESA

“Es indispensable revisar las credenciales y el cumplimiento de la compañía a nivel internacional. Pero no se debe descalificar a una firma cuando la justicia no lo ha hecho”.

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