Estrategia jurídica para frenar aplicaciones tipo Uber

Las acciones que se usarán fueron dadas a conocer durante el Congreso Nacional de Transporte de Pasajeros. Durante el evento, que se realizó en Pereira, Amaya aseguró que no solo se incrementarán los operativos en la vía pública, sino que también se definirá una estrategia jurídica para poder instaurar demandas que otorguen medidas cautelares en contra de estas plataformas.

El funcionario aseguró que esperan que con este tipo de medidas se “desactiven” las aplicaciones que están prestando un servicio de manera ilegal. Ayala dijo que tienen la obligación de “proteger al empresariado que genera empleo y paga impuestos bajo la normatividad vigente”.

Sumado a estos anuncios, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, dijo que en los próximos días presentará un proyecto de ley al Congreso de la República para reformar el régimen sancionatorio y poder darle más dientes a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que haga un “control más eficiente y efectivo de la ilegalidad”.

Y es que, previo al anuncio del Ministerio de Transporte, la Superintendencia le pidió a Uber que dejara de prestar el servicio tal como lo viene haciendo hasta el momento.

“La sociedad Uber Colombia S.A.S deberá suspender la facilitación y promoción, en todo el país, de la prestación de servicios de transporte no autorizados”, dijo en un comunicado de prensa. Agregó que, en caso de no hacerlo, la compañía se expone a multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales.

Consultada por LR, tras las declaraciones de los funcionarios del Ministerio, la empresa aseguró que la posición sigue siendo la misma que la que comunicó cuando se conoció el llamado de la Supertransporte. En ese momento, la firma dijo que “el derecho de los colombianos a tener una alternativa de movilidad (...) está protegido por la Constitución”.