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En cartel del azúcar, la mirada está en Fondo de Estabilización

martes, 2 de junio de 2015
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Natalia Cubillos Murcia

Pero hasta que no se reúna el Consejo Asesor de Competencia con el superintendente de Industria y Comercio (SIC) y se tome la decisión sobre sancionar o exonerar aún no hay nada escrito. Podría tardar hasta seis meses en tomar la decisión y el mercado está atento sobre lo que de ahí se derive. (Vea todos los detalles del cartel del azúcar)

El quid del asunto está en que teniendo como excusa el Fepa se compartió información que era de carácter confidencial lo que afectó la libre competencia.

“Asocaña, como agremiación, ha permitido, auspiciado y llevado a cabo intercambios de información sensible entre ingenios afiliados, facilitando un entendimiento común en el mercado entre competidores”, dice el Informe Motivado, liderado por la Delegatura para la Protección y Germán Enrique Bacca de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El Fepa fue creado mediante el decreto 569 de 2000, con participación del Gobierno Nacional con participación de los ministerios de Hacienda, Agricultura y Comercio. “La naturaleza de la creación de estos fondos se han convertido hoy en algo muy distinto. Lo que pretendían era que las alzas y bajas de los precios se amortiguaran en el tiempo, hoy en cambio se usan como método de compensación, que no es lo que quería la ley”, dijo Carolina Lorduy, directora de la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).

Lo que compensa son las exportaciones que se hacen a precio internacional, que es menor, con el mercado nacional en donde venden mucho más caro, con lo cual “incluyen el excedente del precio internacional y el nacional en el fondo y lo reparten a quienes exportaron, una figura que no es legítima desde ningún punto de vista”, agregó Lorduy. En ese escenario se trasmiten las intenciones de conducta a seguir en el sector tales como “las importaciones, negociaciones de aranceles, los precios, cantidades, exportaciones, distribución de negocios entre ingenios y otros temas que reducen artificialmente la transparencia en el mercado buscando la unidad de intereses de las investigadas”, reseña el Informe.  

Esto se demuestra en, por ejemplo, el Acta 001-08, del 14 de marzo de 2008, en la que se plantean las condiciones para un nuevo jugador en el mercado, en él que se señala que “El Dr. Bernal  (refiriéndose a Julio Alberto Bernal) de la necesidad que se estudie nuevamente el esquema de integraciones aprobado en el pasado donde un ingenio se integra para cerrarse entregue los derechos que sobre los mercados posee en el momento de su integración”.

En una información enviada por correo electrónico se detalla que Jorge Ernesto Rebolledo, secretario técnico del Fepa, envió los resultados de la liquidación a cierre de 2010 “con las variables de azúcar para cada ingenio, alcohol equivalente en azúcar...”, las compensaciones que serían pagadas por el Fepa en octubre 19 de 2010 y las ventas del mercado acumuladas a septiembre de 2010 “donde se registran las ventas de cada uno de los ingenios en mercado interno tradicional, exportación conjunta de blancos y crudo, Ecuador, Perú, cuota americana y resto del mundo”.

Una información, que reitera Bacca, “es de carácter sensible, estratégica y reservada”.

Sobre este tema, el exsuperintendente y apoderado de Carmelita, Jairo Rubio Escobar, quién habló sobre la responsabilidad de la SIC sobre los mecanismos que distorsionan la competencia, dijo que “no se puede recomendar la sanción sobre un mecanismo legal como el Fepa”; en la teoría, si se llegara a pensar en el Fondo como un problema la entidad debería apelar no solo en su capacidad de “represión de las prácticas anticompetitivas”, sino de la “abogacía de la competencia”. “Tiene la obligación de decirle al Gobierno que las disposiciones regulatorias no afecten la libre competencia”.

Sanciones que podría imponer el SIC
Las sanciones que podría imponer el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, serían de $63.000 millones para personas jurídicas y $1.300 millones para personas naturales. Este es el primer paso para desmantelar el gran cartel del azúcar que incluye a los grandes jugadores del sector. Todavía los 12 ingenios y las 16 personas naturales implicadas tienen su recurso de reposición para defenderse ante las investigaciones que cursan en la entidad del control, por lo que aún no está la última palabra.

Las opiniones

Carolina Lorduy
Directora de la Cámara de Alimentos de la Andi

“La naturaleza de la creación de estos fondos se ha convertido hoy en algo muy distinto. Hoy se usan como método de compensación, que no es lo que quería la ley”.

Jairo Rubio Escobar
Exsuperintendente de Industria y Comercio

“La SIC tiene como mandato revisar la libre competencia por abogacía; tiene la obligación de decirle al Gobierno que las disposiciones regulatorias atentan contra ella”.

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