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Pleito por tarifas de gas.
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La Creg acogió solicitud de los comercializadores para que el componente de transporte se cobrara a una tasa más baja. Gobierno y empresas entran en discrepancia
Un nuevo round dio inicio entre el Gobierno y las empresas gasíferas por una orden, conocida ayer, para que se le reembolsen más de $150.000 millones a usuarios del gas.
Aunque desde el Ministerio de Minas y Energía señalaron a las compañías como responsables de un cobro excesivo que data de 2023, jugadores del sector acusaron un intento de controlar artificialmente los precios de un servicio que crece en costos de materias y operación.
La raíz del dilema es la caída en la disponibilidad de gas para atender la demanda. Según las proyecciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, este mismo año el mercado exigirá 800 millones de pies cúbicos por día, mpcd, pero la producción estará por el orden de los 500 mpcd. Es decir, hay una brecha y debe importarse la molécula para responderles a los consumidores.
Una fuente del sector privado indicó que, a causa del déficit gasífero, el millón de BTU (British Thermal Unit) ha aumentado hasta 150%, al pasar de US$6 a US$15.
“La regulación energética tiene que estar al servicio del interés general. Más de $150.000 millones volverán a los ciudadanos, porque nuestra prioridad es aliviar la carga de las familias”.
En ese contexto de precios crecientes, los comercializadores (quienes venden el gas al consumidor final) habían solicitado a la Creg que el valor del transporte (servicio de gasoductos para traer el gas desde el campo de producción hasta los centros de consumo) se cobrara a tasa de 10,94%, no de 11,88%, tal como lo estipulaba el último ajuste que se había realizado en el Wacc, que básicamente fija el cobro en el componente del transporte.
“Este sector es caníbal, todos quieren ganar a costa de los otros, en vez de ver cómo garantizamos el mejor y más económico servicio posible”, comentó un alto ejecutivo del sector.
Actualmente hay litigios caminando entre comercializadores y distribuidores por la discrepancia en las tarifas. En este punto, la Creg decidió acoger la petición de los comercializadores y dejar el componente de transporte en 10,94%.
Desde la óptica del empresario citado arriba, era “lógico” que la Creg tomara esa decisión, ya que es impopular para el Gobierno que se dispare el precio de la factura en los hogares, a pesar de que, a su juicio, ha sido la misma política minero-energética del Ejecutivo la que abrió el gap entre oferta y demanda; esto al no firmar nuevos contratos de exploración y explotación.
Desde el eslabón de los transportadores, señalaron que el Wacc debe ajustarse cuando ocurren, al menos, dos situaciones: aumento en el impuesto de renta y aumento en las tasas de interés. Estas últimas cayeron desde 13,25% en 2023, a 9,25% en 2025, pero el impuesto de renta pasó de 31% a 35% e invalidar el ajuste impide amortizar las inversiones en gasoductos.
El Ministerio de Minas y Energía no desagregó las empresas que deberán devolver los $150.000 millones, pero se sabe que la Creg definirá los mecanismos y cronogramas específicos para que las empresas retornen la plata a los usuarios del servicio.
“La regulación energética tiene que estar al servicio del interés general. Más de $150.000 millones volverán a los ciudadanos, porque nuestra prioridad es aliviar la carga de las familias”, indicó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.
Las más recientes revisiones al mercado hablan de 11,2 millones de usuarios en el universo del gas y hay siete empresas que lideran por la cantidad de consumidores que registran. El primer lugar lo tiene Vanti, con cerca de 2,5 millones. Y le siguen EPM (1,4 millones), GDO (1,3 millones), Gases del Caribe (1,19 millones), Alcanos (1,05 millones), Surtigas (918.000) y Efigas (690.000). Los otros 2,2 millones de usuarios se dividen entre otras empresas que están en el negocio. De otro lado, en el segmento de transporte, la líder es TGI con unos 4.033 kilómetros de gasoducto y una participación de 52%.
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