El último recurso de Gas Natural Fenosa es el tribunal de arbitramento

El 12 de julio la compañía notificó que había una serie de “controversias” al Gobierno local, lo cual fue el primer paso antes de acudir al Ciadi, una instancia dependiente del Banco Mundial, ubicada en Washington.

A partir de la fecha de ese anuncio, empezó una cuenta regresiva que se culminará luego de seis meses de haberse realizado el reclamo. Si para esa fecha, ambas partes no se han puesto de acuerdo, la firma podrá presentar su demanda contra el Gobierno.

El hecho de que esta medida se haya tomado hace poco tiempo no indica que los problemas sean recientes. De hecho, según expertos del sector energético, desde hace más de una década se han presentado discusiones, especialmente, por los impagos de los usuarios del servicio de energía en la región.

Algo que evidencia que esta situación es de vieja data es que en 2003 se llegó al Acuerdo de Malambo, con el cual, Electricaribe recibió apoyo del Estado para manejar las deudas. En esa oportunidad, la empresa asumió 25% de la deuda en zonas subnormales, 15% los departamentos, 5% los municipios y 30% la Nación.  

Los problemas de impago se presentan desde dos frentes: el Gobierno y los consumidores. Según Raúl Ávila, especialista en industria, Gas Natural Fenosa, a través de su filial Electricaribe, realizó una serie de inversiones hace tiempo que el Gobierno  no ha pagado. 

A parte de no haber recuperado el dinero destinado, a la empresa se le sumó la creciente demanda de energía en la zona, que no pudo ser cubierta debido a la falta de recursos. En ese punto, empezó la inconformidad de los consumidores, quienes decidieron no pagarle a Electricaribe en vista de la mala calidad de sus servicios, lo cual generó un círculo vicioso, en el que al no haber pago de los usuarios, no iba a haber recursos para hacer mejoras en la infraestructura o inversiones en tecnología.

 Para Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía y presidente de la Federación de Departamentos, “hay un rezago histórico de las inversiones que han debido hacerse en su momento y no se hicieron. Tienen que ver con subestaciones eléctricas, compensadores, transformadores, redes de distribución local y regional”.

El experto explicó que la organización se comprometió a invertir $1,1 billones en los cuatro años de vigencia de la estrategia del Gobierno Plan5Caribe, con la que se haría una inyección de capital que le ayudaría a la empresa a cumplir con su plan de inversiones. 

Sin embargo,  “mientras las demás inversiones  se han  ido adjudicando conforme al cronograma que se acordó, en el caso de Electricaribe estas no superan 18% de lo que corresponde. No lo están haciendo porque tienen problemas de cartera, de energía que distribuye y no le pagan los usuarios”, mencionó Acosta.

De igual forma, se presenta una situación de fraude en la región. Varios analistas coincidieron en que ciudadanos de todos los estratos roban la energía, y este es uno de los motivos por los que Electricaribe culpa al Gobierno, pues no ha generado una solución efectiva que controle estos comportamientos. 

Aún así, afirmaron que esto no ha sido un problema de la región Caribe únicamente, sino que se ha presentado en otras zonas pero se ha sabido superar con éxito gracias a la tecnología aplicada a los sistemas energéticos. 

Con todo, para Ávila es completamente viable que la matriz española interponga la demanda. Por lo que se necesita una rápida actuación del Gobierno, encabezado por el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda, y Electricaribe, con el fin de que se lleve a cabo una estrategia de programación de pagos para poder cumplir con las obligaciones financieras. 

La opinión

Amylkar acosta
Director de la Federación de Departamentos
“Hay un rezago histórico de las inversiones que han debido hacer Electricaribe  en su momento y que no se hicieron”.