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El presidente de Isagen, Camilo Marulanda
El presidente de Isagen, Camilo Marulanda, habló del decreto de retención en la fuente que expidió el Gobierno Nacional y de su impacto sobre el sector productivo
Camilo Marulanda es el presidente de Isagen, una compañía dedicada a la generación y comercialización de energía, con un portafolio de fuentes renovables: solar, eólica e hidroeléctrica.
Marulanda habló de la reciente expedición del decreto 0572 por parte del Ministerio de Hacienda, el cual establece nuevas tarifas que implican un anticipo en el pago de tributos de 2026, para ser efectuados en 2025.
Tiene un efecto en el flujo de caja de la compañía, sobre todo cuando hacemos la proyección del monto de las autorretenciones frente a lo que estimamos que vamos a pagar de impuestos de renta el año entrante. Se está generando un saldo cuantioso a favor de la empresa.
Va a tener un efecto negativo en caja y estaremos obligados a pedir una devolución en 2026. Lo que más me preocupa es que el Gobierno no solo está adelantando ingresos fiscales, sino que está subestimando posibles egresos de 2026 frente a las devoluciones que muchos de los contribuyentes vamos a requerir, dado que esas pretensiones exceden el impuesto a pagar.
La pregunta es: ¿con qué montos van a devolver esos recursos? Hay dudas de cómo se van a dar esas devoluciones y sobre todo, que no es una sola empresa, sino que pueden ser muchas de varios sectores.
Este es un efecto de adelantar la caja, pero según nuestras proyecciones, esa retención va a exceder de manera significativa al impuesto a pagar y ahí es donde la lógica del decreto no nos funciona, porque genera un desbalance, y nos pone en una posición compleja en 2026, ya que, vamos a pedir unas devoluciones en un escenario de incertidumbre fiscal.
El impacto es grande en los temas de comercialización de energía. Porque están cobrando la retención sobre ventas futuras, pero nosotros compramos energía para revenderla. El margen de esas operaciones es pequeño y se quedaría atrapado en esa retención.
En actividades de comercialización, habrá un impacto grande. En otros sectores, por ejemplo, en las IPS, en el sector salud, la medida agudiza la crisis financiera de los prestadores de servicio de salud. Uno entiende los problemas fiscales del Gobierno, pero esto genera inconvenientes de caja y una incertidumbre de cómo recuperar esos saldos positivos.
Depende del impacto en el flujo de caja, pero es posible que tengamos que hacer deudas de corto plazo para poder cubrir esos valores. Es una posibilidad.
No creo, son cosas independientes, pero hay que estar vigilantes de la salud financiera de las compañías. Existen temas estructurales y se debe cuidar la cajas de las empresas. Si seguimos sacando caja a las empresas del sector, esto no va a ser necesariamente bueno.
Reglas claras y estables. No podemos estar cambiando las normas todos los días, porque todos los sectores que son intensivos en inversiones, sobre todo en temas de infraestructura, lo único que requieren son reglas claras y estables, porque son inversiones a 30 o 50 años.
Este tipo de cosas, como cambiar las retenciones, o tener una tributaria todos los años, generan que las empresas no sepan cuáles son las reglas de juego y esto termina desincentivando la inversión.
Con esta negociación, la entidad se ahorraría mensualmente $7.817 millones, traducido en $93.804 millones anuales por factores adicionales a la compra directa
Aplicará para 1 millón de hogares en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima