Defensa de gremios al proyecto de ley que busca pagar a Pyme en 60 días

El flujo de caja es uno de los problemas más grandes que tienen las empresas en el país, y según la Asociación de Emprendedores de Colombia 74% de las compañías quiebra por situaciones relacionadas con flujo de caja o acceso a financiación.

Por ello, los congresistas Mauricio Toro, del Partido Verde y Fabio Arroyave, del Partido Conservador, junto con gremios como Acopi, Acicam, Colfecar, Andigraf, Confecoop y Asomicrofinanzas, pasaron un proyecto de ley que ya se aprobó en segundo debate en Plenaria de la Cámara de Representantes con el que buscan que las grandes compañías le paguen a las micro, pequeñas y medianas empresas las facturas a un plazo de 60 días y no se extienda hasta un año como viene ocurriendo en la mayoría de los casos.

A pesar del respaldo de estos gremios, la Andi, en cabeza de Bruce Mac Master, publicó un documento donde se hacen una serie de peticiones a cambios al proyecto, pues afirmaron que al establecer esos plazos “en su estado actual, no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas que se derivan de un proyecto de esta naturaleza”.

Hasta el momento, la Andi está de acuerdo con que se aplique a las micro, pequeñas empresas, y emprendedores, sin embargo, piden otras implicaciones para las medianas empresas y el sector salud, que tiene cartera a más de 190 días.

Ante esto, Rosmery Quintero, presidente Acopi, dijo que “nos amenazan diciendo que van a desplazar la proveeduría nacional y van a importar, pero si lo intentan el Gobierno tendrá que actuar y restringir importaciones, pero además estas no se hacen a crédito, se hacen con el dinero adelantado, entonces si lo pueden hacer con ellos ¿por qué quieren que con nosotros sea por financiación?”.

Además, aseveró que “las grandes compañías afectan nuestro flujo de caja y nos hemos convertido en sus financiadores porque a pesar de que no nos pagan tenemos que pagar el IVA, al responder por 85% de este impuesto”.

Arroyave agregó que “una de las críticas es que las importaciones crecerían, pero es falso porque tienen más requisitos, necesitan tener recursos a la mano y ahí sí no hay tiempo de pago“.

María Clara Hoyos, presidente de Asomicrofinanzas, también se unió a la defensa del proyecto al señalar que “trabajamos con los microempresarios en el proceso de informalidad a formalización, pero el Gobierno debe apoyar para lograr reducir los costos que este cambio significa, y uno de los métodos es garantizar el flujo de caja, porque si no lo tienen necesitan mayor capital de trabajo para cubrir el pago no oportuno de la deuda y se ven obligados a sobreendeudarse”.

Toro, agregó que “no buscamos atacar a las grandes empresas, pero si entre ellas sí se pagan a 30 días debería ser la regla general” y agregó que “el sector salud no se verá afectado por la llegada de la Ley de Punto Final que saldará todas las deudas”.

En este punto, Jaime Arias, expresidente Acemi, dijo que igual no confía en la eficiencia del proyecto porque “ya hay normativa que obliga a pagar las facturas en 60 días, pero como no hay dinero el plazo se alarga”.

Carlos Acero, presidente de Confecoop, concluyó que “ muchas de las cooperativas son pequeñas y medianas empresas que ofrecen bienes y servicios a grandes compañías y el que los pagos de sus ventas se dilaten por tres o más meses atenta con la sostenibilidad de la organización y el proyecto empresarial a mediano y largo plazo”.