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La empresa también resaltó la importancia del diálogo sindical y afirmó que mantiene una comunicación “abierta y respetuosa” con las organizaciones sindicales
La cadena de supermercados D1 se pronunció este 2 de junio tras la ola de denuncias difundidas en redes sociales y medios de comunicación sobre presuntas violaciones a los derechos laborales de sus trabajadores. En un comunicado oficial, la empresa aseguró que cumple a cabalidad con la legislación colombiana en materia laboral y reiteró su compromiso con el bienestar de sus empleados.
“Nuestra compañía cumple con toda la normatividad legal en Colombia y mantiene un firme compromiso con el bienestar, la seguridad y el desarrollo de sus más de 24.600 empleados directos con contrato laboral a término indefinido, en todo el territorio nacional”, indicó D1, subrayando que se posiciona como uno de los mayores empleadores formales del país.
La empresa también resaltó la importancia del diálogo sindical y afirmó que mantiene una comunicación “abierta y respetuosa” con las organizaciones sindicales que representan a sus trabajadores. Enfatizó que su modelo de gestión laboral promueve el derecho de asociación y el trabajo digno como pilares fundamentales de su operación.
Ante las acusaciones, D1 expresó su disposición a colaborar con las autoridades competentes. “Estamos plenamente dispuestos a atender cualquier requerimiento o investigación que adelanten las entidades competentes, y confiamos en que el debido proceso permita esclarecer la información de manera objetiva y transparente”, señaló la empresa.
El comunicado, además, rechazó enfáticamente lo que calificó como “intentos de desinformación o señalamientos infundados”, y acusó a algunos sectores de instrumentalizar la labor empresarial de la compañía con fines ajenos a su actividad. “Creemos firmemente en el impacto positivo que hemos tenido en 96% de los hogares colombianos”, añadió.
D1 también defendió su modelo de negocio asegurando que su labor ha contribuido significativamente a la democratización del consumo y a la seguridad alimentaria del país. “Nuestra labor de democratizar el consumo y contribuir a la seguridad alimentaria del país es una responsabilidad que asumimos con orgullo y compromiso”, indicó, agradeciendo a sus más de 24.600 colaboradores.
El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó al caso a través de su cuenta oficial en X, donde anunció la apertura de una investigación formal. “He ordenado abrir investigación inmediata sobre ello”, escribió, y agregó que “sería de suma gravedad que supermercados D1, con utilidades en el 2024 por $373.200 millones —equivalentes a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes—, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral”.
El desarrollo de esta investigación marcará un precedente en la fiscalización del cumplimiento laboral en grandes superficies, en medio de crecientes tensiones entre actores empresariales, trabajadores y la institucionalidad. Mientras tanto, D1 insiste en que sus prácticas están dentro del marco legal y reitera su voluntad de esclarecer cualquier inquietud ante las autoridades.
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