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Carlos Mario Zuluaga Pérez, presidente de la Dimayor
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En el proceso que investiga a directivos del Fútbol Profesional Colombiano por presunta colusión, en medio de señalamientos por posibles restricciones
La Superintendencia de Industria y Comercio deberá recibir una solicitud probatoria de la Dimayor en el marco del proceso en el que investiga la presunta colusión entre directivos del Fútbol Profesional Colombiano que apuntan hacia posibles restricciones de competencia en el mercado de futbolistas profesionales.
La Corte revisó una acción de tutela promovida por la División Mayor de Fútbol Colombiano, Dimayor, en contra de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC.
Esta última entidad adelantó un proceso administrativo para sancionar infracciones al régimen de libre competencia en el mercado colombiano de futbolistas profesionales. En el marco de ese proceso investigó una supuesta conducta anticompetitiva de la Dimayor relacionada con posibles acuerdos de colusión entre directivos de algunos clubes de fútbol.
En la etapa correspondiente, la Dimayor solicitó decretar un dictamen pericial, pero la Delegatura para la Protección de la Competencia afirmó que se pronunciaría sobre esa solicitud probatoria posteriormente. No obstante, según apuntó la Corte, esto no sucedió, pues la autoridad accionada dispuso el cierre del período probatorio sin haber adoptado una decisión sobre la admisibilidad de esa prueba. En criterio de la Dimayor, esa actuación vulneró su derecho al debido proceso porque le impidió controvertir la evidencia que motivó la apertura de la investigación en su contra.
En esta decisión, la Corte comunicó que reiteró las garantías derivadas del debido proceso en el marco de los procesos administrativos e hizo énfasis en el derecho que tienen las personas a ser oídas antes de que la Administración adopte una decisión. Una manifestación de esta garantía es el derecho a formular alegaciones, a aportar pruebas y a que sus aportes al proceso sean valorados y tenidos en cuenta.
La Corte explicó que, en este caso, la delegatura de la SIC no respetó estas garantías procesales, pues nunca se pronunció de manera expresa y motivada sobre la admisibilidad de la prueba pericial que pidió la Dimayor. "Esta circunstancia alteró el curso regular del proceso e impidió que la accionante pudiera cuestionar la evidencia que motivó el inicio del proceso", anotó el alto tribunal.
Por estas razones, la Corte dejó sin efectos la resolución que dispuso el cierre del período probatorio dentro de la investigación administrativa y le ordenó a la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio resolver la solicitud probatoria de la Dimayor.
La contraprestación fue por US$420 millones, lo que representa un múltiplo de la transacción posterior a sinergias inferior a seis veces el Ebitda ajustado
La compañía también recibió los premios a Mejor Servicio de Restaurante en Lounge de Primera Clase y Mejores Amenidades de Confort en Primera Clase
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