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Cuando Connecta inició operaciones en Bogotá lo hizo de la mano de 30 colaboradores, y para lograr posicionarse en el mercado local le bastó un par de años. Para 2012, y según datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública, la firma tuvo su primer gran contrato con la Alta Consejería para las Comunicaciones, por un monto superior a $668 millones.
Desde ese momento vinieron otras dos vinculaciones contractuales con el Estado, la más reciente de estas, hecha el año pasado, es la que generó el debate sobre el papel que en este caso juega el hecho de que González sea ministro del Gobierno Santos. Cabe recordar que el actual ministro de Minas, tomó posesión como titular de la cartera el 11 de agosto de 2014, momento en el que Connecta ya había acordado tres vinculaciones con entidades gubernamentales. Al respecto, Tomás González aseguró a medios nacionales que la compañía efectivamente ha tenido contratos por más $5.200 millones, pero rechazó que estos hayan sido adjudicados por su injerencia en el Gobierno.
Para el experto en contratación pública David Llinás, no se tendría por qué pensar en alguna falta. “Jurídicamente Baena está habilitada para contratar con el estado siempre y cuando no exista un acuerdo directo con el Ministerio de Minas”.
En 2013 la firma a cargo de Ángel Baena, acordó con la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el análisis y sondeo a través de encuestas sobre servicios generales. Contrato por $1.318 millones y que se cerró el 4 de abril de 2014.
Ese año pareció ser el punto de lanza de Connecta, pues en noviembre concretó un acuerdo con la mexicana Neuromarketing, firma con clientes como el presidente Enrique Peña Nieto, Bbva y Femsa, para que fuera su representante única en Colombia.
Finalmente en 2015 a Connecta le fue adjudicado, por parte del Fondo Para la Paz, un contrato de $2.600 millones, acuerdo que fue complemento de los que ya había tenido con la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desde 2013.
La opinión
David Llinás
Abogado experto en contratación pública
“Jurídicamente Baena está en libertad de contratar con el Estado siempre y cuando no sea con el Ministerio de Minas y Energía”.
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