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Alberto Mariño, presidente de Proindesa
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Alberto Mariño, presidente de Proindesa, reveló que hay afectaciones financieras a concesionarios viales por demoras en pagos a cargo del Gobierno
Varios retos son los que d enfrentan actualmente los concesionarios a cargo de los 30 proyectos de vías 4G en el país. El principal de ellos está relacionado con la refinanciación de las obras una vez son entregadas.
Alberto Mariño, presidente de Proindesa, holding de Grupo Aval que posee participación en seis concesiones viales estratégicas (Covipacífico, Covioriente, Coviandina, Covimar, Coviandes, Pisa); indicó que hay dificultades para actualizar tarifas de peajes y demoras en el pago del diferencial que debería reconocer el Gobierno al haber congelado los ajustes de vigencias pasadas.
En general nuestras carreteras están operando bien; Covipacífico y Coviandina tienen las obras totalmente terminadas y ya están en fase de operación.
En Covioriente hemos ejecutado todo lo humanamente posible; llevamos cinco años con unas dificultades con las comunidades que no han permitido ejecutar mientras no haya un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y eso implica obras adicionales frente a lo que inicialmente estaba previsto, además de la necesidad de modificar otras obras que estaban incluidas en el contrato.
La única concesión que hoy tiene dificultades y no ha podido iniciar construcción es Mulaló-Loboguerrero, pero todos los costos han sido cubiertos con aportes del concesionario y los recursos de vigencia futura, consignados en la fiduciaria, están sin tocar y pendientes de que se pueda iniciar.
“La CCI reitera, una vez más, su voluntad de trabajar con el Gobierno en la construcción de las soluciones de infraestructura que demanda el país”.
Las obras que faltan por ejecutar de Pacífico 1 requieren aportes específicos de la ANI, como es el caso de la conexión en la quebrada Sinifaná y la intersección Primavera, que también requieren acuerdos con la ANI, para que aporte los recursos faltantes de las obras que no estaban originalmente a cargo de la concesión y debían ser construidas por el Instituto Nacional de Vías, Invías, y entregadas hace cuatro o cinco años al concesionario para que las operara y mantuviera.
Nosotros hemos puesto 100% del capital en Coviandina, capital que estamos recuperando a través del ingreso de peaje, pero no hemos logrado que la ANI autorice colocar las tarifas contractuales ni hemos logrado que nos pague unos recaudos que no fueron posibles por eventos de fuerza mayor, que están reconocidos y la ANI se ha negado a pagar.
En el caso de Pacífico 1, recaudamos solamente con el peaje de Amagá, en el que tampoco fue posible poner los peajes a nivel contractual y la ANI debe pagar el diferencial, pero ha habido una serie de demoras en esos pagos. En el caso de Covioriente sucede lo mismo: demoras en los pagos de vigencias futuras y la no autorización para ajustar tarifas.
No es una cifra única, cada proyecto tiene afectaciones diferentes. Lo que sí estamos encontrando los concesionarios es que, concluida la etapa de construcción, hay dificultades en las refinanciaciones.
Si bien los concesionarios hemos cumplido a cabalidad, hemos encontrado serias dificultades en la ANI para recuperar el capital que hemos invertido.
Esperábamos que el Gobierno actual tuviera nuevos proyectos, pero no ha sucedido así, entonces estamos la posibilidad de ejecutar obras en el exterior.
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