.
EMPRESAS

“Colombia tiene derecho a la oportunidad de vivir sin violencia”

lunes, 28 de marzo de 2016
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

A pesar de que el conflicto no  haya acabado oficialmente, ya hay varios grupos que se están preparando para ese día bajo la consigna de que “Colombia y la sociedad tienen derecho a la oportunidad de vivir sin violencia”. Uno de ellos es el de los empresarios, cuya importancia es tal, que en noviembre se envió a ocho representantes a La Habana.

David Bojanini, presidente del Grupo Sura y uno de los directivos que participó en este encuentro, señaló que el rol de las compañías en el posconflicto va más allá de ofrecer trabajo a los reinsertados y agregó que ante el panorama de la paz se hace inminente una reforma tributaria estructural.

¿Cuáles son los compromisos que deben asumir las empresas colombianas de cara a la paz?
Las empresas y los empresarios jugamos un papel importante en el fortalecimiento institucional del país, que es uno de los mayores retos de Colombia en un escenario de posacuerdo; en la gestión de negocios competitivos que son motores del crecimiento; en la construcción de confianza que se traduce en inversión y que crea oportunidades y desarrollo; en la generación de opiniones y ambientes favorables para la reconciliación... En fin, el país afrontará múltiples retos y los colombianos debemos enfrentarlos juntos, incluyendo los empresarios como actores relevantes en la dinámica económica y social.

Más allá de darle trabajo a los reinsertados, ¿cuáles deberían ser los aspectos en los que se deben enfocar para apoyar el posconflicto?
El aspecto laboral de los reinsertados es solo un componente. Donde hay instituciones fuertes y presencia del Estado (con educación, salud, infraestructura, seguridad, etc), hay confianza y esto crea condiciones para la inversión empresarial. Hemos visto que donde el Estado invierte en infraestructura pública, se multiplica la inversión y la gente encuentra oportunidades para crecer. Pero quizá lo más importante es la adopción de modelos empresariales verdaderamente responsables y sostenibles. Esto significa: empresas que actúan desde la ética, la formalidad y la legalidad; que ofrecen condiciones laborales dignas; que apoyan el desarrollo de sus cadenas de abastecimiento, en especial a la pequeña empresa; que respetan la institucionalidad; que participan en escenarios en los que se aporta a la construcción de mejores políticas públicas y, muy importante, empresas que ofrecen productos y servicios incluyentes, que mejoran la vida de la gente y llegan a todo el territorio y a los diversos segmentos poblacionales. 

¿Cree que las compañías deben apoyar el posconflicto a través del pago de impuestos? 
Definitivamente las empresas deben jugar un rol muy importante en el posacuerdo. No creemos en el asistencialismo, porque es costoso, excluyente, insostenible y genera dependencia. Colombia ha sufrido una reducción importante de sus ingresos por cuenta del petróleo y la situación fiscal es compleja, lo que hace aún más exigente el reto, pues se limita la capacidad de inversión social. Por ello, hoy más que nunca el país debe abordar la discusión de la reforma tributaria estructural. Así mismo, invertir en forma eficiente e inteligente sus recursos, donde haya mayor impacto y donde se generen condiciones para un efecto multiplicador de la inversión. Es decir, si el Estado invierte en el fortalecimiento institucional y en condiciones para la competitividad, y apuesta por las reformas estructurales como la tributaria, muy seguramente las empresas multiplicamos ese esfuerzo con inversión privada que genera oportunidades. 

Dejando de lado el trabajo de las empresas, ¿para usted cuál es el dividendo de la  paz en el aspecto económico y en el social?
Para nadie es un secreto que seguridad y defensa son unos de los rubros principales en la inversión del país. La paz traerá múltiples beneficios para Colombia y lo esperado es que en un mediano y largo plazo se puedan incrementar las inversiones en otros aspectos clave en el desarrollo económico y social: infraestructura, educación, salud, vivienda, entre otros. Y por otra parte, la paz permitirá a las empresas, nacionales y extranjeras, contar con mayor estabilidad y tranquilidad para el desarrollo de sus negocios por lo que con seguridad el país será más atractivo para la inversión.

Pero quizá el mayor dividendo es concentrar los esfuerzos de todo un país en la construcción de un futuro mejor y no en la guerra. Para ello, la clave será la capacidad de trabajar juntos y generar acuerdos fundamentales. Solo así pasaremos verdaderamente al terreno de la construcción. 

El presidente Santos dice que no son los costos del posconflicto, sino la inversión para el posconflicto, ¿cómo ve esta teoría?
En la vida práctica si uno gasta un dinero en un asunto que no tiene un retorno puede hablar de un costo, y cuando sí tiene réditos se puede hablar de inversión. El país ha vivido por mucho tiempo los costos de vivir un conflicto interno permanente, Colombia y la sociedad tienen derecho a  la oportunidad de vivir sin violencia así que cualquier iniciativa orientada a lograrlo debe ser bienvenida.

Desde su perfil de experto en seguros, ¿cuáles son los riesgos de la paz?
Los riesgos que se afrontan son aquellos a los que siempre ha estado expuesto el país. El proceso de paz está íntimamente relacionado con el riesgo país, con la atracción de inversión extranjera directa, con la estabilidad para las compañías y con la confianza de la población en las instituciones y en la forma de hacer política. Si hablamos en el lenguaje de los seguros, los riesgos no se eliminan, pero sí se mitigan, y para estos hay dos opciones: acciones orientadas a reducir su posibilidad de ocurrencia y las enfocadas en la disminución del impacto. Un proceso de paz supone el diseño de estas acciones, tanto para su mitigación como para la reducción del impacto, pero su éxito solo se sabrá una vez se inicie con la implementación de los acuerdos.

¿Cuál es el aporte de Sura por la paz?
Nuestro principal aporte es continuar trabajando por tener una organización sólida en todos los aspectos, que agrega valor a los colombianos y que aporta además sus capacidades para el fortalecimiento institucional del país. En este último aspecto, destaco nuestra participación activa en instancias que contribuyen al desarrollo equitativo, a la competitividad y al mejoramiento educativo de Colombia, entre otras. Allí aportamos conocimiento y opiniones que contribuyen a que tengamos las políticas públicas requeridas para un desarrollo integral y equitativo.

La sostenibilidad y el apoyo al posconflicto
Para el presidente del Grupo Sura, David Bojanini, el apoyo al posconflicto puede estar en los planes de sostenibilidad de una compañía “si se entiende la sostenibilidad como un asunto transversal a toda la actividad empresarial”. El directivo agregó que “mantener y profundizar la inversión en programas de Responsabilidad Corporativa hace parte de los compromisos que las compañías deben tener para aportar a la paz y retribuirle al país por los beneficios del desarrollo de su actividad”. 

La opinión

María Claudia Lacouture
P
residenta de Procolombia
“Desde ProColombia estamos construyendo la información para que los empresarios sepan cuál es el delta que tiene Colombia en el momento que se firme la paz”.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE EMPRESAS

Energía 29/02/2024 EPM y Aguas Nacionales anunciaron firma de acuerdo de cooperación con Copenhague

La firma del acuerdo se dio con el fin de iniciar un proceso de asesoría y apoyo técnico en materia de tratamiento de aguas residuales

Contenido patrocinado 29/02/2024 Smartlog Colombia: innovación en la logística con inteligencia artificial y robotización

Con soluciones de robótica móvil, software de gestión y explotación de datos basadas en IA, la empresa mejora la eficiencia de los procesos logísticos

Transporte 29/02/2024 Satena señaló que apertura de nuevas rutas depende del aumento de sus aeronaves

Satena anunció a LR que proyecta abrir 40 rutas este año, además de que el Gobierno invirtió US$80 millones para la compra de aeronaves