El antiguo directivo criticó los cambios en los estatutos y la decisión de demandar a los consorcios sin considera la opinión de la junta

Laura Lucía Becerra Elejalde - lbecerra@larepublica.com.co

Tras las decisiones asumidas por la gerencia de Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo de Álvaro Guillermo Rendón, y de la alcaldía de Medellín sobre demandar a los consorcios que participaron en Hidroituango, lo que llevó a la renuncia de toda la junta directiva de la empresa, Carlos Enrique Moreno, exgerente de EPM entre 1990 y 1992 envió una carta a Rendón expresando su preocupación por la situación.

"Mi primera gran sorpresa frente a EPM, fue que un tema tan de fondo como un cambio de estatutos no hubiera sido formalmente discutido con la junta directiva. Me tomé el trabajo de revisar la exposición de motivos y quedé sorprendido como argumentando razones que no tienen discusión, como entrar a la cuarta revolución industrial o impulsar energías limpias, temas autorizados bajo los estatutos actuales, cambiaba totalmente el objeto social", expresó en la misiva Moreno.

Para el exdirectivo resulta no solo delicado, sino también riesgoso "pretender desviar el foco de la empresa". Además, Moreno criticó que EPM siempre ha totalmente empresarial, riguroso y técnico a pesar de los relevos en los gobiernos locales, y que calificó como un despropósito el "romper ese esquema cambiando el objeto social y abriendo el manejo como fuera propuesto".

Adicionalmente, para el antiguo gerente de la compañía, una situación que si fue "extrema" fue la decisión del alcalde, como presidente de la junta, y del propio Rendón, "a espaldas de la junta directiva, de entrar a judicializar los imprevistos en la forma como lo hicieron".

Para Moreno, el monto de la reclamación, que asciende a $9,9 billones, bajo los argumentos de que estaba dentro de las atribuciones del gerente, fue insólito, y criticó que no se tuvo en cuenta tampoco a la junta para dicho análisis.

"Su decisión de ir directamente contra los contratistas pudiera tener consecuencias derivadas como que las compañías de seguro opten por esperar el fallo, que los bancos y financiadores internacionales, frenen sus líneas, también esperando resultados y que conociendo la lentitud de la justicia en Colombia esto demore muchos años y que se siga afectando su calificación como ya comenzó", enfatizó el exgerente.