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La auditoría realizada por el Consejo Superior de la Judicatura confirmó que hubo manipulación en las bases de datos de reparto de procesos judiciales, presuntamente para direccionar al Juzgado 22 Civil Municipal el reparto de la acción de tutela interpuesta por Samuel Tcherassi Solano y otros contra la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del caso de las elecciones en la Cámara de Comercio de Barranquilla.
Los cambios realizados en las bases de datos estaban orientados, al parecer, a cambiar el número que correspondía a la acción de tutela para su reparto buscando que fuera entregada al Juzgado 22 Civil Municipal, de acuerdo con los resultados de la investigación.
Igualmente se estableció que el día 11 de octubre, en el que se realizó el reparto de la acción de tutela en mención, se encontraron ocho registros faltantes y se comprobó que la actividad de borrado de los mismos se hizo entre las 8:58 a.m. y las 9:05 a.m.
“Con lo anterior se infiere que hubo manipulación de las bases de datos Sarj y Bitácora y que dentro de esta manipulación se podría haber modificado el número de las puertas para el grupo 09 del despacho 22, ubicándola con el número 1300 lo que obliga al direccionamiento de los procesos registrados para este grupo al Juzgado 22 Civil Municipal”, señala el informe.
Las conclusiones de la auditoría realizada explican que las diferentes actividades de acceso a las bases de datos que se realizaron para borrar y modificar registros de la tabla de control de reparto con el fin de radicar un proceso en el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental estuvieron a cargo de personal técnico y con conocimiento del Software Integrado de Reparto.
Además se comprobó que estos ingresos al sistema se hicieron con usuarios específicos desde equipos y desde el mismo servidor de la oficina judicial.
“Mientras no se tenga conciencia sobre las responsabilidades y consecuencias legales y penales que recaen sobre el empleado que administra la base de datos del Software Integrado de Reparto con el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental Justicia XXI estaremos expuestos a que se presente esta clase de fraude informático”, indican las conclusiones del informe.
La acción de tutela interpuesta por los miembros electos de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, apelaba a los derechos al debido proceso,a la igualdad, a elegir a ser elegidos y a la libre empresa frente a las resoluciones de la Superintendencia que invalidaban esta elección.
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