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Si no cumple con los plazos establecidos para el pago, los acreedores podrían iniciar acciones judiciales o sanciones administrativas
Cobrarle a empresas grandes había sido un dolor de cabeza para las Pyme, por ello se creó la Ley 2024 de 2020 o Ley de pago a plazos justos, en esta se dejan directrices sobre los tiempos de pago a acreedores que ofrecen sus productos y servicios a una empresa con poder dominante en la relación contractual. Es decir, un supermercado por ejemplo que ofrece los productos de alguna marca.
Antes de esta ley, empresas que obtenían beneficios por cuenta de las Pyme podían demorarse entre 60, 90 o 120 días en los pagos de operaciones mercantiles, esto generaba una afectación a los acreedores que al no tener este sustento económico se veían obligados muchas veces a recurrir a créditos bancarios para poder sustentar sus operaciones.
Esta ley pretende beneficiar el flujo de caja de estas pequeñas y medianas empresas, dijo Julian Camilo Cruz, abogado y director de Cruz y Asociados, "la Ley les genera a las Pyme un mayor flujo de caja, ya que estas cuando entregaban un producto, un bien o un servicio se veían avocadas a que la empresa dominante estableciera pagos de más de 60 días, afectando directamente el flujo de caja". Además, Cruz también dijo que esta normativa genera mayor estabilidad económica para estas empresas.
Esta ley da términos de pago por 60 días a partir de enero de 2021 y 45 días a partir de enero de 2022. Si una empresa no cumple con los plazos establecidos para el pago, los acreedores podrían iniciar acciones judiciales y/o sanciones administrativas contra los compradores.
El Gobierno no se salva del pago en plazos justos, este también está obligado a pagarle por sus servicios a las Pyme en un plazo de 60 días máximo. Sin embargo, existen algunas situaciones en las que no se tiene en cuenta, como los contratos entre grandes empresas, no se acogen en esta normativa, los pagos por indemnizaciones de daños, pagos por ejecución de contratos de seguro, obligaciones por restructuración empresarial o de liquidación o pagos por comercio de mercado.
Al cumplir con esta ley y que los pagos se efectúen oportunamente antes de los 30 días, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hará entrega de un sello de buenas prácticas, el cual dará cuenta del compromiso de la empresa con la responsabilidad social empresarial.
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