Andi rechaza proyecto de Pago a Plazos Justos por restricción de libertad

Andi rechazó proyecto de ley de Pago a Plazos Justos de grandes empresas a pequeños proveedores en un documento de 22 páginas enviado al Congreso de la República en el marco del proyecto 181 de la Cámara y 185 del Senado. En tales proyectos se determina un plazo de pago de 60 días y tres años de transición hasta llegar a los 45 días; la vigilancia y control de estos aspectos estaría a cargo de la Superindustrias.

El proyecto en la Cámara ya fue aprobado en segundo debate y su representante, Mauricio Toro del partido Alianza Verde, busca adoptar normas de plazos de pagos a proveedores en el ámbito mercantil y establecer otras especificaciones en materia de pagos y facturas.

La Asociación Nacional de Empresarios asegura que no se identifican en ninguna de las exposiciones de motivos del proyecto de ley una sustentación rigurosa constitucional que justifique la restricción a la libertad de empresarial y la libre iniciativa privada, que busca limitar el proyecto.

Además, el proyecto tendría impactos mayores en el sector salud pues se verían obligados a cancelar algunas cuentas por pagar mientras que su cartera está a más de 190 días “afectando de esta forma su capital de trabajo, generando presiones sobre el sistema financiero y al mismo tiempo sobre la tasa de interés”.

Teniendo en cuenta información financiera de la Supersociedades para las 15,654 empresas de la muestra, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son equivalentes a $157,1 billones en 2018 lo que representa un 16,1% del PIB y 23,4% de las ventas totales de las empresas de la muestra.

Además, la Andi segura que gran parte de las cuentas por pagar de las grandes empresas corresponde a cuestas por cobrar de las Pymes y regular las relaciones entre las dos limita el crecimiento de las pequeñas. Por lo anterior los empresarios afirman que le proyecto va en contravía del crecimiento dado establecer pagos a plazos generaría distorsión en la economía que desencadenarían en aspectos como discriminación.

De igual forma, la ley desarrollaría mayor endeudamiento para las empresas que redundaría en las finanzas al final del ejercicio contable aumentando así los precios de los productos. Por otra parte, con esta iniciativa se generarían menores incentivos a la formalización por exigir pagos en un tiempo límite por lo que iría en contra de permitir el desarrollo de relaciones verticales integrales entre las empresas.