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La alerta fue emitida por el Comité Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y fue atendida por el Icontec, entidad que advirtió que las barras no están certificadas y que la ferretería o constructora que las use o comercialice se expone a multas de hasta $1.200 millones y decomisos.
El riesgo que supone este tipo de materiales también ha sido abordado por la Superintendencia de Industria y Comercio, organismo que descubrió que en Facatativá operaba una fábrica que reciclaba las barras de construcciones demolidas y las vendía como nuevas. Durante la inspección, se encontraron 18 toneladas de varilla corrugada.
Camila Toro, directora ejecutiva del comité de la Andi, señaló que “Colombia es un país atípico, pues 85% de su población está concentrada en zonas de amenaza sísmica media y alta. Por ello, es fundamental que el material cumpla normas de sismo- resistencia”.
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