Petro Urrego es economista de Externado con una especialización en Administración Pública de la ESAP. También cuenta con un Master de Economía de la Javeriana, una especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional de la Universidad Católica de Lovaina y un doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas de la Universidad de Salamanca.
Estuvo presente en la fundación de la Alianza Democrática M-19 y con el apoyo de este movimiento llegó a la Cámara de Representantes en 1991. En 1994 fue agregado diplomático de la embajada de Colombia en Bélgica.
En 1998 llegó de nuevo a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá y el Movimiento Vía Alterna. En 2002 aspiró de nuevo a esta corporación obteniendo la más alta votación. Desde 2006 forma parte del Senado de la República.
Se aumentará el espacio fiscal del país cerca de 5,5 puntos del PIB anuales adicionales, lo que permitirá garantizar parte de la financiación del plan de gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Esto se logrará a partir de una serie de medidas de política entre las que se encuentran, el recaudo esperado a partir del aumento del recaudo por cuenta de la progresividad en los impuestos, el desmonte de beneficios tributarios y las políticas contra la evasión y la elusión de la reforma tributaria integral; las consecuentes reasignaciones presupuestales y los recursos liberados mediante la reforma pensional.
La reforma pensional eliminaría las cotizaciones para ahorro individual en las Administradoras de Fondos Pensionales (AFP) con el fin de destinar los recursos a un fondo público, con esto se pagarían las pensiones actuales, lo que liberaría al Estado de $18 billones.
La dinámica funcionaría de tal forma que los recursos de los colombianos que actualmente están cotizando sean el insumo para quienes ya están pensionados, mientras que cuando ellos lleguen a la vejez, sean los nuevos cotizantes los que garanticen los aportes correspondientes a su pensión. El aspirante también reveló que espera entregar media pensión ($500.000) a tres millones de colombianos.
Propone que el Estado se convierta en el empleador de última instancia, es decir, que ofrezca trabajo a quienes, teniendo disposición de hacerlo, no lo encuentran en el sector privado. Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera.
Plan de recalificación de los trabajadores de las industrias altamente contaminantes y obsoletas para que hagan parte del cambio hacia la economía productiva y la transición energética.
La transformación de las fuerzas productivas y el avance en los pactos de productividad. En el caso de la tierra se hará una reforma agraria y acuaria, para dar tierra para las familias rurales y no permitirá la expansión de la frontera agraria y la colonización de baldíos.
Realizar catastro multipropósito con base en el cual desincentivaremos el latifundio improductivo en tierras fértiles a través de impuestos y orientaremos la distribución equitativa de la tierra. Estimularemos el paso de la subutilización o uso inadecuado de la tierra para ganadería extensiva, hacia el uso de acuerdo con la vocación productiva.
Desmonte gradual de beneficios tributarios a industrias de extracción minero-energética, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. Eliminación de rentas cedulares creando una sola tabla en donde se cobre el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos y las ganancias ocasionales. Los dividendos pagarán impuestos, será obligatorio decretarlos, al menos en un porcentaje cercano al 70%.
Se creará un fondo para la transición energética con recursos de las regalías. Ecopetrol generará combustibles para consumo interno por próximos 15 años. Desescalamiento gradual de la extracción, con la prohibición de la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Se revisarán las condiciones de riesgo de las centrales hidroeléctricas existentes y no se construirán más hidroeléctricas de embalse. Se protegerá la minería ancestral y artesanal, así como la minería de subsistencia y de pequeña escala.
"No se trata de un control de precios, sino de una regulación de precio a partir de una transferencia fiscal que el Gobierno hace comprando los insumos caros y vendiéndolos más baratos al campesino, esto en el corto plazo. Si ya se quiere bajar la inflación es a mediano plazo, lo que hay que hacer es producir alimentos en Colombia. Para ese subsidio de los insumos necesito de una reforma tributaria, no el petróleo".
Promoverá la coordinación de la política macroeconómica y monetaria, no solamente en función del crecimiento sino también del empleo. "Se tendrá un diálogo permanente con el Banco de la República respetando su real independencia, esto será clave en la búsqueda de una política monetaria incluyente", explica el plan.
En InsideLR agregó que hará que sus miembros de Junta cumplan la sentencia de la Corte, que dice que los objetivos del Banco son dos: control monetario, que hasta ahora lo ha hecho, y crecimiento del PIB. Sobre la emisión explicó que le encargará al Minhacienda analizar si hay una deficiencia de demanda, ya que "en una economía donde hay deficiencia de la demanda, respecto a la oferta, una emisión puede hacer crecer la producción, no los precios"; por lo que no descarta la idea.
Latinoamérica debe dejar de girar en una geopolítica que no responde a nuestros intereses. Debe haber un mejoramiento de las relaciones diplomáticas.
Dejar de depender del petróleo y el carbón. Lograr una economía más estable en relación a la tasa de cambio basada en una canasta de producción diferente. No ve una necesidad de dolarizar la economía.
