Alcalde de Medellín entre 2016 y 2019; el primero elegido por firmas ciudadanas y no por un partido político tradicional.
Estudió ingeniería civil de la Universidad de Medellín y en esa época perteneció al Consejo Municipal de Juventud; se desempeñó como Consejero Territorial de Planeación e hizo parte del análisis y la socialización del Plan de Desarrollo de la Ciudad de Medellín para 2001 a 2003. Realizó una especialización en Alta Gerencia, también en la Universidad de Medellín, y cursó otra en Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana.
Durante ocho años fue Concejal de Medellín entre 2004 y 2011.
En el sector privado se desempeñó como consultor de HGI consultoría e ingeniero en Vifasa. Entre 2011 y 2015 fue consultor en Seguridad Urbana Integral del Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y del municipio de Celaya, en México.
Responsabilidad fiscal para alcanzar un nivel de deuda inferior al 62% del PIB en 2026. "Es importante ver que el único presupuesto no es el de la Nación, porque también están los recursos de ciudades y departamentos como los $6 billones anuales que invierte Medellín o $20 billones de Bogotá. Colombia no tiene solo $350 billones anuales, hay que articular los esfuerzos con las regiones. La prioridad debe ser servicios básicos, salud y educación. Todo el modelo educativo debe volcarse para que el país sea más productivo".
En materia fiscal el objetivo de mediano plazo es recuperar el grado de inversión hacia finales del gobierno. Los pilares son:
Para garantizar la eficiencia del gasto se aumentará la necesidad de lo son los pliegos tipo y los bonos de impacto social.
Mejorar los programas Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos -BEPS, para articularlos con el sistema pensional y focalizar los subsidios en la población que verdaderamente los necesita.
Mantener el régimen el mixto de Colpensiones y los fondos privados.
La meta del programa es generar 1,2 millones de puestos de trabajo lo que generará que la tasa de
desempleo sea inferior a 9%. Las empresas tendrán más facilidades e incentivos para la formalización, con un énfasis especial en la contratación de mujeres y jóvenes.
Con esto busca que la pobreza monetaria total pase de 42,5% a 33% y la pobreza multidimensional de 18,1% 16%.
Habría una reforma laboral con:
Generará reformas que permitan facilitar la innovación y los proyectos de emprendimiento, mejorar la productividad y la eficiencia tanto en lo privado como en lo público, con el objetivo de crecer en
forma sostenida por encima del 5% anual en el cuatrienio 2022-2026; llevar el PIB per cápita a US$16.081 (vs. US$14.546 actuales) y que la inversión como porcentaje del PIB suba a 30%.
Pasar de un crecimiento de la productividad desde el -0,5% en promedio entre 2018 y 2021 a niveles por encima del 1% anual.
Impulso del nearshoring para que los empresarios se integren a las cadenas globales de valor y el país vuelva a ser destino de inversión en un número importante de industrias.
Se combatirá el “gota a gota”, flexibilizando las tasas de usura y fomentando la competencia dentro del sector.
La meta será dar las condiciones para construir 1 millón de viviendas VIS (800.000 urbanas
y 200.000 rurales), e impulsaremos la construcción de 400.000 viviendas No VIS adicionales).
Impulsará la recuperación de la navegabilidad fluvial, de las vías férreas, y triplicará la inversión en vías terciarias.
En agricultura, subirá el financiamiento agropecuario del ICR a $500.000 millones anuales.
Creación de 10.000 nuevas empresas a través del ecosistema de emprendimiento y los programas Fondo emprender y Centros de Desarrollo Empresarial del Sena:
Buscar un cambio al estatuto tributario que lo haga más eficiente y transparente mediante la eliminación de exenciones y un aumento gradual del recaudo con impuestos que no afecten ni a los vulnerables ni a la clase media.
Impulsar la modernización del Estatuto Tributario Territorial para aumentar el recaudo en departamentos y municipios.
La política está dividida en tres puntos:
Especial atención a los productos más sensibles a las variaciones de los mercados externos, empezando por aquellos sujetos a esquemas de desgravación arancelaria (arroz, leche) para asegurar una transición ordenada hacia la libertad de mercados prevista en los tratados comerciales, y aquellos que puedan sufrir alteraciones por las condiciones internacionales de precios y abastecimiento (café, trigo, maíz).
Señaló que respaldará las instituciones económicas, comenzando por el Banco de la República, cuya independencia entiende como un activo de todos los colombianos. Adicionalmente, en su plan de Gobierno señala que reconocerá el papel técnico e independiente del Comité Consultivo de Regla Fiscal, y fortalecerá el trabajo de todas las superintendencias, para que los marcos regulatorios se cumplan y garanticen el buen funcionamiento de los mercados.
No reconocerá la dictadura actual de Venezuela.
Que las fronteras se conviertan en pasos de comercio y pasos vehiculares.
Seguir liderando los programas de protección al migrantes.
Mantener independencia monetaria
