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De acuerdo con la entidad, los más de 1.000 docentes buscaban tener un mayor valor de pensión a través de una reliquidación con certificaciones falsas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca y que alcanzaban un sobre sueldo de 20%.
La pesquisa de la Ugpp llevó a pedir la verificación a la Secretaría de Educación de 2.437 certificaciones y que a la fecha han tenido respuesta de 1.086 certificados (con 98% de las solicitudes falsas).
Adicionalmente, la entidad denunció que 91% de los trámites de solicitud de pensión de los docentes fueron realizadas por cuatro abogados.
Por su parte, la Secretaría de Educación informó que en 2014 y lo corrido de 2015 ha concedido un reajuste a 1.152 profesores. La Ugpp encontró que de ese reajuste, 194 docentes aportaron certificados falsos.
La directora de la Unidad, Gloria Cortés señaló que "sólo 13 casos se han atendido por orden judicial. El resto hicieron su trámite con documentación falsa. Estamos hablando que, en promedio, el reajuste de la mesada estaría entre $300.000 y $400.000 más por cada pensión. Nosotros estimamos que en este grupo que está en nómina, que son 521, nos da un detrimento de $11.000 millones".
Los docentes que hayan recibido este reajuste y haya aportado documentos falsos deberán devolver el dinero.
Los cuatro abogados que llevaron la mayoría de procesos de pensión de estos docentes son ex funcionarios de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal).
"Nosotros estamos haciendo un estudio jurídico para que las personas que tuvieron este comportamiento de falsedad pierdan la pensión gracia que les aplica a los docentes" agregó Cortés.
La directora de la Ugpp advirtió que los cuatro abogados y exfuncionarios de Cajanal llevan procesos en otros departamentos del país.
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