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Esto luego de que empresas transportadoras en ciudades como Cali, Pereira, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla llegaran al déficit financiero.
No en vano voceros del gremio presentaron sus inconformidades al Vicepresidente, pues según el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera, Jairo Herrera, las pérdidas por atentados a tractomulas, como el ocurrido el pasado 5 de agosto en vía Mocoa-Pitalito, superan los $7.000 millones de pesos.
En ese sentido, Marino Quintero, presidente del Consejo Superior del Transporte, indicó que han pedido al Gobierno no solo mayor presencia de la fuerza pública por la ofensiva guerrillera, sino también, que la Póliza Contra el Terrorismo tenga una mayor cobertura.
Esta póliza actualmente tiene un deducible de hasta el 30%, por esto le solicitaron al Gobierno que sea cubierta totalmente, tanto del lucro cesante como del daño emergente.
“Tenemos reportes de incidentes de orden público en varias regiones, hay problemas en unas zonas evidentemente mucho más complicadas que otras, el sector de Putumayo, Caquetá, Huila, sectores del Cauca, de los Llanos Orientales o de Nariño”, advirtió Quintero.
Los transportadores también exigieron el pago de los ‘Brazos Caídos’, término que usa el gremio para referirse a la imposibilidad de prestar el servicio, también que sea resarcido el 100% de los daños causados en medio de un ataque.
La ministra de Transporte, Natalia Abello, también estuvo presente en el encuentro, pues se pretende construir, de manera conjunta, nuevos lineamientos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para el 2014-2018.
Con este propósito se aprobó la instalación de mesas técnicas para tratar este y otros temas que tienen en crisis al sector, como la reglamentación del servicio especial, la reposición y chatarrización del parque automotor, la disminución del grado de informalidad en el sector público de transporte y la regulación del transporte intermunicipal, entre otros.
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