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El director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gabriel Vallejo, aseguró que los retos de Familias en Acción (FA) son blindarse en la época electoral y aumentar la cobertura en el área rural.
¿Cómo se está blindando el programa ante las elecciones?
Este es un riesgo del entorno. Hemos diseñado una estrategia con cuatro elementos. Primero, una estrategia de comunicación muy agresiva, en la que le decimos a la gente que los programas son un derecho y no hay posibilidad de que se generen condicionamientos. Hemos creado una línea para hacer denuncias. Tercero, tenemos una comisión interinstitucional del más alto nivel para recibir estas denuncias. Y por último, la página del DPS tiene un enlace para reportar irregularidades y se hace la respectiva investigación.
Uno de los objetivos del rediseño de FM era aumentar la cobertura, ¿se logró?
En los últimos tres años la cobertura se ha aumentado en 950.000 familias, más del 35% de lo que significaba el programa en sus inicios. Nosotros hicimos un rediseño con un objetivo que era lograr penetrar de una manera mucho más amplia al sector rural. Lo que se ha hecho es focalizar un alto porcentaje de este programa, entre 30% y 35%, en el sector rural, que es el gran reto de este Gobierno, pues es donde están los mayores índices de pobreza.
¿Cuál es la meta?
A mediano plazo la idea es que el programa tenga la mitad de su focalización en el sector rural y la otra en el urbano.
¿Qué ventajas tiene que el Programa sea de asistencia condicionada?
Hay que tener claro que no son regalos que hace el Gobierno a esta población. Estos son subsidios condicionados que tienen dos dimensiones: ayudarle a estas familias a tener un medio de sustento para educación y salud. Y segundo, garantizar que a los hijos de esa población se les garanticen dos elementos que le van a ayudar un poco a diseñar su futuro.
Una de las mayores críticas es que FA es asistencialista...
No es asistencialismo. Nosotros tenemos unos subsidios condicionados y uno no puede pretender que las personas salgan adelante sin tener un primer empujón. Además, los recursos que se dan a las familias son con una destinación específica y no es un dinero que se le entrega a la gente y adiós, deben cumplir unos requisitos.
¿Se puede hablar de salida de la pobreza a largo plazo?
El programa no solo implica las transferencias, sino que cuando las familias salen del programa, que cumplen con los requisitos, inicien un segundo programa, con Mujeres Ahorradoras o Generación de Ingresos o Microempresarismo. Es decir, este no es un programa suelto en el área de inclusión social, sino que es el inicio de un proceso que termina con la productividad de esa familia.
¿Qué porcentaje pasan de FA a estos programas?
Este año deberían salir aproximadamente 300.000 familias antes de finalizar el año, es decir que ya cumplieron con los requisitos que les permiten estar en el programa. Nosotros aspiramos a que por lo menos 30% de esta población, es decir 90.000 personas, puedan a nivel nacional, entre el segundo trimestre de este año y el primero del próximo año, iniciar una de estas actividades.
¿Hay estudios que sugieren que este tipo de programas incentivan la informalidad?
Nosotros a esas familias les hacemos un acompañamiento, entre otras cosas a través de la Red Unidos y nuestro Ejército Azul, con los cogestores que son 10.300 a nivel nacional. Hacerle seguimiento a 3 millones de familias sobre cómo invierten sus recursos se vuelve técnicamente imposible, pero lo que sí tenemos claro es que cada vez que tenemos la oportunidad les ratificamos que los recursos son para salud y educación.
¿Se ha visto el impacto en la reducción de pobreza?
En los últimos tres años del Gobierno hemos reducido la pobreza en más de 2,5 millones de personas en nuestra medición, y 1,3 millones que salieron de la pobreza absoluta. Esto es una cifra absolutamente única, en los últimos años nunca había pasado esto y creo que esto es un gran logro, entre otros, de Familias en Acción, que es el gran pilar de los programas sociales nuestros.
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