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Colprensa
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Los trámites suman más de $171.000 millones según las autoridades.
El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte han trabajado conjuntamente en los últimos meses en revisar de manera exhaustiva las actuaciones sancionatorias adelantadas contra los vigilados.
Allí se encontró que una serie de normas que habían sido declaradas nulas desde 2016 seguían siendo utilizadas por la entidad como norma sancionatoria para miles de casos en la Superintendencia de Transporte.
Por ello, se solicitó un concepto al Consejo de Estado sobre la aplicación de sanciones al amparo de normas anuladas.
Para la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, esta decisión se tomó con el objetivo principal de proteger a los vigilados, ya que se debe garantizar la transparencia y la legalidad en todos los procesos en el sector: “acudimos al Consejo de Estado para poder actuar con total contundencia frente a hechos irregulares que afectan el emprendimiento y la legalidad”, puntualizó la ministra Orozco.
En ese sentido, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, procederán a revisar aproximadamente 60.000 expedientes, que representan más de $171.000 millones en multas a los ciudadanos.
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