"Aumento del salario mínimo dificulta el retorno a la Regla Fiscal a partir de 2028"

En medio de un escenario de creciente presión sobre las finanzas públicas, el reciente aumento del salario mínimo y los ajustes en el sistema pensional han reavivado el debate sobre la sostenibilidad fiscal del país. Juan Sebastián Betancur Mora, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, aseguró que el alza en el salario mínimo elevaría el déficit fiscal en al menos $5,3 billones (0,3% del PIB) en 2026 y en cerca de $8 billones (0,4% del PIB) a partir de 2027.

¿Cuáles son los canales a través de los cuales el salario mínimo puede impactar a las finanzas públicas?

Hay varios canales. Algunos los podemos cuantificar y otros no. Entre los que sí logramos cuantificar está, para 2026, el aumento en el gasto de las pensiones del régimen de prima media administrado por Colpensiones, correspondiente a las personas que ganan un salario mínimo o un poco más y que, con el incremento decretado, pasan a devengar exactamente un salario mínimo. Ese efecto lo estimamos en $4,7 billones.

¿Qué otros efectos cuantificables identificaron?

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También hay un aumento en el gasto asociado a los funcionarios públicos que ganan un salario mínimo. El efecto que calculamos por este concepto es de $0,6 billones. En total, para 2026, el impacto fiscal cuantificado asciende a $5,3 billones.

¿Ese monto es el impacto total?

No. Hay otros efectos que no pudimos cuantificar, pero que sabemos que implican un costo fiscal adicional.

¿Cuáles son esos efectos que no pudieron cuantificarse?

Uno de ellos tiene que ver con la tasa de reemplazo de las pensiones, que es un efecto más de mediano plazo. Esta tasa depende en parte del ingreso base de cotización, IBC, el cual está indexado al salario mínimo. Por lo tanto, un aumento del salario mínimo incrementa la tasa de reemplazo de las pensiones en el régimen de prima media y, en consecuencia, el valor actuarial de esas pensiones.

¿Qué otros canales de impacto existen?

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Otro factor tiene que ver con las pensiones del Régimen de Ahorro Individual, Rais, que se pagan bajo la modalidad de rentas vitalicias. Estas pensiones no se actualizan con inflación, sino con el salario mínimo. En consecuencia, su valor actuarial también aumenta. La normativa establece que el Gobierno nacional debe garantizar que ese pasivo pensional esté totalmente cubierto, por lo que cualquier crecimiento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad debe ser financiado con recursos adicionales del Estado. No tenemos una cifra concreta, pero sabemos que tendrá un impacto fiscal.

¿Ese impacto ya incorpora los cambios introducidos por el reciente decreto?

No. Al momento del análisis no se tenía conocimiento de que el decreto ya hubiese sido expedido. Ese sería un segundo factor no incluido en los cálculos, pero que identificamos como una presión fiscal potencial adicional.

¿Hay otros efectos no cuantificados?

Sí. El aumento del salario mínimo también afecta contratos del Gobierno, como los de vigilancia y aseo, entre otros servicios intensivos en mano de obra. No contamos con información suficiente para cuantificarlos, pero sabemos que representan un mayor gasto. Además, el salario mínimo suele ser un insumo clave en la negociación del aumento salarial de los funcionarios públicos, por lo que este incremento probablemente influirá en la negociación de 2027.

Entonces, ¿el impacto fiscal podría ser mayor al estimado?

Sí. Para 2026 hablamos de un impacto de al menos $5,3 billones, pero podría ser mayor. En cuanto a 2027, el impacto también puede ser superior a los $8 billones estimados.

¿Qué incluye la estimación para 2027?

Incluye el efecto sobre el recaudo del impuesto de renta corporativo. El cálculo asume que cerca de 25% del aumento del costo salarial para las empresas se refleja en una reducción de sus márgenes de utilidad, lo que se traduce en un menor recaudo del impuesto de renta a partir de 2027.

¿Qué tan contradictorio resulta subir el salario mínimo 23% y, al mismo tiempo, declarar una emergencia económica?

El Carf no se ha pronunciado sobre la declaratoria de emergencia económica. Lo que sí observamos es que esta es una decisión del Gobierno, no un choque externo, que genera un deterioro estructural de las finanzas públicas de magnitud relevante: 0,3 puntos del PIB en 2026 y 0,4 puntos del PIB a partir de 2027. Esto implica un aumento de la deuda pública y agrava una situación fiscal que ha sido calificada como crítica.

¿Cómo afecta esta decisión el cumplimiento de la Regla Fiscal?

El aumento del salario mínimo eleva el déficit fiscal y aleja la posibilidad de retornar a la senda de ajuste establecida por la Regla Fiscal a partir de 2028.

¿Cuál era la meta fiscal antes de esta decisión?

La meta vigente del Confis para 2026 es un déficit primario de 2% del PIB. Para cumplirla, antes del aumento del salario mínimo, ya se requería un ajuste de $37,6 billones, ya fuera por mayores ingresos, menores gastos o una combinación de ambos.

¿Qué cambia con el aumento del salario mínimo?

Ese faltante se incrementa en al menos $5,3 billones, y ese efecto se mantiene en 2027, 2028 y los años siguientes. Por eso decimos que esta decisión dificulta el retorno a la senda de ajuste fiscal.

¿Cómo puede afectar esto la credibilidad fiscal del país?

La credibilidad fiscal es un activo clave para Colombia. Incide directamente en la confianza de los inversionistas, las primas de riesgo, las tasas de interés y la tasa de cambio. Estas variables, a su vez, impactan la inflación, el crecimiento económico y, en última instancia, el bienestar de la población.