Superintendente puso fin al proceso de descartelización de los ingenios del azúcar

En junio de este año, la Superintendencia hizo públicas las acusaciones contra ingenios, gremios y funcionarios relacionados con la industria a través de la difusión del denominado Informe Motivado, documento presentado por el delegado para la protección a la competencia: Germán Enrique Bacca. 

Allí se le recomendó a la SIC multar a 12 ingenios, tres gremios y 16 funcionarios y exfuncionarios de compañías azucareras por infracciones a la libre competencia. Las sanciones por este tipo de conducta pueden alcanzar montos de hasta $63.000 millones para personas jurídicas y $1.300 millones para personas naturales. 

En efecto, el 7 de octubre, el Superintendente Pablo Felipe Robledo, sancionó a Asocaña y otras 14 empresas con una multa de $320.000 millones por obstruir de manera planificada la importación de azúcar de otros países como Bolivia, Guatemala, el Salvador y Costa Rica; hacia Colombia. Dicho valor, afectó también a 14 altos directivos, quienes colaboraron en este comportamiento anticompetitivo. 

Para la imposición de las sanciones económicas se tuvo en cuenta la capacidad de pago tanto de las compañías, como de las personas involucradas. Así que, los montos no superaron el 7% de sus ingresos de operaciones anuales, ni el 7% de su patrimonio. Adicionalmente, la SIC especificó que los valores a pagar fueron mayores para los ingenios, funcionarios y exfuncionarios que ya habían sido señalados, en 2010, de afectar los precios de compra de la caña a los cultivadores, después de denuncias de empresas grandes consumidoras. 

De hecho, el Informe Motivado, presentado a mitad de año por la SIC, reveló que desde el 2009, ingenios como San Carlos, Pichichi y Carmelita se reunían por medio de Asocaña con la excusa de la conformación del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa), pero en realidad  planificaban estrategias conjuntas de exportación que les permitiera manipular las cuotas de precios.

Sin embargo,  el Superintedente reiteró hoy durante la rueda de prensa donde ratificó  las sanciones que “el FEPA se encuentra desnaturalizado, al tratarse de un instrumento de política pública de intervención del Estado en la economía, la Superindustria, por expresa disposición legal, tiene restringidas sus facultades sancionatorias, razón por la cual exoneró a todas las personas jurídicas y naturales investigadas respecto de la conducta de cartelización empresarial de reparto de cuotas de producción o suministro de azúcar en Colombia”.

Esta confirmación de la multa que tuvo una disminución de $60.000 millones, gracias, en gran medida, a la exoneración de dos altos directivos y a que a 4 de ellos se les redujo la multa (Gonzalo Ortiz, Mauricio Iragorri, César Arango y Santiago Salcedo). Además, el monto a pagar por parte de Asocaña pasó de $30.445 millones a $579 millones, después de la revisión de los estados financieros aportados en el trámite del recurso de reposición que presentaron los ingenios en conjunto a finales de octubre. 

Entonces, el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño Capurro, dijo que # “que el Superintendente tenga a bien leer y releer, si es del caso, las pruebas que hemos aportado. Soy optimista, creo en su criterio. Tengo la conciencia tranquila. Asocaña no cometió la más leve falta. Los ingenios tampoco”. Adicionalmente, agregó que “el Fepa ha obtenido la más alta calificación que entidad privada alguna pueda recibir. La Contraloría le acaba de dar calificación de 98,5 puntos sobre 100”.

Hoy, los ingenios  Manuelita, Rio Paila y Asocaña  han enviado comunicados de descontento en respuesta con la decisión definitiva de la SIC. Sin embargo, la opinión pública estará a la expectativa si el próximo año, los ingenios hacen efectivo su anuncio de interponer una demanda de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.